Desmontaje de un andamio. 2ª parte

Del Sr. --- se ha afirmado que era un trabajador experimentado en el montaje de andamios, su empresa --- no le dio especial formación para su realización, alegando el Sr. ---, su empresario, que ya venía formado por empresas en las que había trabajado anteriormente; lo cierto es que en --- apenas llevaba un mes trabajando cuando ocurrieron los hechos que nos ocupan (comenzó a trabajar en --- en abril de 2001) y tampoco recibió especial instrucción para esta tarea, confiando sus superiores en su anterior experiencia profesional.
El art. 19.1 de la L.P.R.L. establece que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Resulta bastante claro que esta norma no ha sido cumplida.
No se ha discutido tampoco que la causa inmediata de la caída de la plataforma y consiguiente precipitación de los dos trabajadores fue debida al error de uno de ellos al pulsar el botón o palanca que movía la plataforma hacia arriba o hacia abajo, pero la conducta relevante jurídicamente es ordenar a esos trabajadores subir a la plataforma sin asegurarse que tienen capacitación suficiente para realizar la tarea encomendada (que, a la vista está, entrañaba un alto riesgo), sin darles unas mínimas instrucciones y sin que una persona cualificada supervisara la realización del desmontaje y estas omisiones, por parte de quienes estaban obligados a vigilar y llevar a la práctica el plan de seguridad, fue la causa determinante de los dos resultados mortales.
Los recursos formulados por las representaciones procesales de ----- y de ----- y ---- plantean la culpa exclusiva de las víctimas, o al menos la concurrencia de su propia imprudencia, en la producción del accidente mortal, tesis que se apoya en el hecho probado de que fueron hallados restos de cannabis en el análisis toxicológico de los restos del Sr. ----- (y también una porción de esta sustancia entre sus ropas) y restos de cocaína en el análisis toxicológico de los restos del Sr. ----- (así como un tubo con restos de cocaína hallado entre sus ropas). Estos datos están acreditados a través de los análisis realizados por peritos del I.N. de Toxicología (f. 130 y 131) y fueron ratificados en el acto del juicio por su autor el Dr. ----; no obstante, más que la presencia de estupefacientes en los restos de los fallecidos, sería necesario acreditar que en el momento de realizar el trabajo en el que los Sres. ---- y ---- hallaron la muerte, se encontraban con sus facultades psicofísicas disminuidas o anuladas a causa de la ingestión de estupefacientes y este hecho no ha quedado acreditado. Respecto del Sr. ----, el Dr. ----- explicó que los restos de cannabis fueron hallados exclusivamente en orina, no en sangre, lo que indica que no se trataba de un consumo reciente, que incluso pudo tener lugar en días anteriores a los hechos. Respecto del Sr. -----, el Dr. ----- halló en sangre benzoilcoína, una sustancia que se produce al metabolizarse la cocaína y que permite al perito establecer el último consumo de cocaína en torno a las 24 horas anteriores, no un consumo reciente.
En definitiva, los fallecidos consumieron en algún momento indeterminado anterior a su muerte cannabis y cocaína esnifada respectivamente, sin que pueda afirmarse con una mínima certeza que en el momento de ocurrir los hechos estuvieran incapacitados para realizar su trabajo a causa de una intoxicación por dichas sustancias y sin que se conozca en absoluto si sufrían adicción, como sinónimo de dependencia, a dichas sustancias. Por tanto, no es posible afirmar que las víctimas del accidente contribuyeron con su propia conducta al resultado mortal.
Entendemos que los hechos juzgados son también constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores previsto en el art. 316 y art. 318 del CP. La sentencia apelada desestima esta calificación porque considera que los delitos de resultado han absorbido el delito de riesgo penado en el art. 316 del CP; sin embargo no siempre se produce esta absorción tal y como la entiende la juez a quo. Es cierto que esta tesis encuentra su apoyo en varias sentencias de la Sala 2.ª del TS, por ejemplo las de 14-7-1999 o 4-6-2002, pero ésta última también admite que se podría aplicar el concurso ideal de delitos cuando el resultado producido constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad.
Por su parte la STS de 26-7-2000 destaca que los arts. 316 y 317 del CP forman parte del actual Título XV del Libro II EDL "delitos contra los derechos de los trabajadores" y ello pone de relieve la autonomía del bien jurídico protegido, debiendo subrayarse su dimensión de protección individual de los derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores en la C.E. (artículos 35 y 40), frente a la tesis configuradora de protección del orden socioeconómico. Pues bien, dentro de dicho marco general, el régimen penal de protección alcanza a distintos bienes específicos, entre ellos, la seguridad e higiene en el trabajo, describiéndose dos tipos, doloso y por imprudencia grave, en forma omisiva, constituyendo infracciones de peligro concreto, que debe ser grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores, que alcanza su consumación por la existencia del peligro en si mismo, sin necesidad de resultados lesivos, que de producirse conllevarían el régimen del concurso ideal (artículo 77 C.P).
Esta última doctrina es la aplicable en este caso, porque la infracción del deber de cuidado que ha dado origen al delito culposo no es un hecho, más o menos grave, pero aislado; se trata del incumplimiento del deber de proteger la salud e integridad física de los trabajadores por ausencia total de previsión en materia de seguridad.
Los hechos relatados constituyen un delito contra la seguridad en el trabajo previsto en los arts. 316 y 318 del CP. La jurisprudencia de la Sala 2.ª del TS (STS de 29-7-2002 y 26-9-2001) afirma que el tipo penal del art. 316 es de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 de 8 de noviembre en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos "... el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio ..." "... el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas ...".
Resulta incontestable que los empresarios o titulares de la empresa son los posibles sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los administradores y encargados del servicio a los que se refiere el art. 318 del C.P. Finalmente el elemento normativo del tipo se refiere a …la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales…", lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco, de suerte que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en "peligro grave su vida, salud o integridad física" la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo.
En el caso examinado, los sujetos obligados legalmente, como luego se analizará, han incumplido las normas de prevención de riesgos laborales, no sólo la obligación genérica establecida en el art. 14.2 de la L.P.R.L., también el deber de evaluar los riesgos y establecer un plan de seguridad para su evitación (art. 16 L.P.R.L.), el deber de información a los trabajadores (art. 18 de la misma Ley) y el deber de formación (art. 19). Lo mismo cabe decir en relación a las normas establecidas en el R.D.1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, pues también en esta norma se regula la obligación de realizar un estudio de seguridad y salud en el trabajo (arts. 5 y 6), de confeccionar un plan de seguridad que desarrolle y concrete el anterior (art. 9) y un deber de información de riesgos a los trabajadores (art. 15).
Así ha sucedido, porque, aun cuando en la obra de la C/ Julián Camarillo existía el estudio de seguridad y el plan de seguridad, ninguno de los dos contemplaba la utilización de una plataforma móvil como la empleada por los dos fallecidos y lógicamente, si no estaba prevista tampoco existía ninguna prevención de riesgos sobre la misma, ni se había dotado a los trabajadores de las medidas de seguridad necesarias, las descritas en el manual de la máquina, ni se les había instruido en el manejo de la máquina, ni de los peligros que entrañaba; tampoco los fallecidos contaron con vigilancia alguna por persona experta durante las labores de desmontaje; en resumen el plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad sin contenido real. Con esta conducta omisiva se puso en peligro, no sólo la vida de las dos víctimas, sino la vida e integridad de cualquier trabajador que utilizara la plataforma, bienes jurídicos acechados por un peligro grave, como se desprende también de las actas de infracción levantadas por el inspector de trabajo.
Tercero.—Participación de los acusados en los anteriores delitos.
Los acusados en este juicio son diez personas, de los cuales dos han sido condenados en la sentencia apelada y ocho han sido absueltos. Este Tribunal entiende que deben mantenerse los pronunciamientos condenatorios de instancia, con las matizaciones que luego se dirá, y ampliarse a otros responsables, cuya participación ha quedado
acreditada, manteniendo también algunos pronunciamientos absolutorios de la sentencia apelada.
1. -----------.
Entiende el Tribunal que este acusado es responsable de los dos delitos de homicidio imprudente en concurso con el delito contra la seguridad en el trabajo, porque en él concurre la condición de ser el sujeto principalmente obligado por la ley para dotar de seguridad en la obra que se ejecutaba bajo su responsabilidad y su omisión del deber de cuidado fue causa directa de los fallecimientos de los Sres. --- y ---. Así se concluye porque en el Sr. ---- concurren varias circunstancias determinantes; en primer lugar, es arquitecto técnico de profesión, en segundo lugar, fue el autor del estudio de seguridad y salud en el trabajo y sabía que en ese estudio previo no se contemplaba el uso de plataformas móviles, en tercer lugar, era el jefe de grupo de la obra que se ejecutaba en la C/ Julián Camarillo y como tal máximo responsable de ---- (su empresa) en dicho lugar y a pesar de todas estas cualificaciones, se desentendió por completo de la seguridad en la obra, de la inexistencia de previsiones de seguridad para el uso de la plataforma y de la inexistencia de medidas, cuando era obligación velar por la seguridad, no sólo como representante del empresario primeramente obligado (art. 14 de la L.P.R.L.), sino como parte de la dirección facultativa de la obra (art. 14.1 del R.D. 1627/1997) con facultades para paralizar la totalidad de la obra ante incumplimientos en materia de seguridad.
2.--------
Entiende el Tribunal que este acusado es responsable de los dos delitos de homicidio imprudente y del delito contra la seguridad en el trabajo, al concurrir en el mismo la condición de sujeto obligado a velar por la seguridad de los trabajadores y por haber infringido este deber de cuidado. El Sr. ----- es arquitecto técnico de profesión, empleado de -----, que en la obra de la C/ Julián Camarillo desempeñaba las funciones de jefe de obra en el bloque en el que tuvo lugar el accidente mortal, era subordinado del Sr. -----. Por su cualificación profesional y su cargo en aquella obra en concreto tenía el deber de velar por la seguridad, en este sentido hay que destacar que también tenía la facultad de paralizar los trabajos prevista en el art. 14 del R.D. 1627/1997; a pesar de ello se desentendió por completo de la seguridad en el trabajo. No sólo eso, sino que el Sr. ----- dio la orden de desmontaje de los andamios por dos operarios sin preocuparse mínimamente de las condiciones de seguridad de dichos operarios, ni de la capacitación de los operarios para realizar la labor encomendada.
3. ----------------
Se considera a este acusado responsable de los dos delitos de homicidio imprudente, no así del delito contra la seguridad de los trabajadores, por entender que no concurre en el mismo la condición personal requerida por el tipo penal del art. 316, de ser sujeto legalmente obligado a facilitar las medidas de seguridad en el trabajo. El Sr. ----- era el encargado de la obra en el bloque en el que ocurrió el accidente mortal y dio la orden al fallecido Sr. ----- de ayudar al empleado de ----- (-----) a realizar el desmontaje de la plataforma, a pesar de que su condición de trabajador de una E.T.T. le inhabilitaba legalmente para realizar ese tipo de trabajos (Anexo II del R.D. 1627/1997). Aún cuando en el acto del juicio el Sr. ---- matiza su declaración inicial en sede policial (f. 28) y dice que la orden que dio al Sr. ---- fue la de ayudar al Sr. ---- sin subirse a la plataforma, todo indica que no debió ser así, ya que, en primer lugar, no parece muy probable que un peón decidiese contravenir las órdenes del encargado de obra sin motivo aparente, en segundo lugar, porque para el trabajo de desmontaje que había que realizar se ignora de qué modo podía ayudar en esas tareas una persona a nivel del suelo y en tercer lugar, porque, como se indica en las actas de infracción del inspector de trabajo, el manual de la plataforma indica que el desmontaje de la misma debe ser realizada por dos personas y la participación de operarios por parte de --- en ayuda de los trabajadores de ---- estaba contemplada en el contrato suscrito por ambas compañías. Existió imprudencia en la conducta de ----- y fue determinante de la producción de un resultado fatal, pero dada su posición en la empresa y en la estructura jerárquica de la misma, y su cualificación profesional, ----- no era la persona en la que recaía principalmente la obligación de prevenir los riesgos en el trabajo.
4. ------------------------
Consideramos que este acusado es responsable de los dos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal con el delito contra la seguridad en el trabajo. El Sr. ----- es Presidente de -----, -----. Es el empresario a quien la L.P.R.L. encomienda como primer obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, aún en colaboración con ----- (art. 24 L.P.R.L.) e incumplió esa obligación. El Sr. ---- ha querido derivar toda la responsabilidad por estos hechos a su empleado -----, que tenía categoría de oficial en CMAQ y era delegado en asuntos de seguridad y salud en el trabajo en su empresa. Ahora bien, el art. 30.1 de la L.P.R.L. permite al empresario designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de riesgos, constituir un servicio de prevención o contratar este servicio con un tercero especializado, pero los párrafos 2.º y 3.º del citado art. 30 también disponen que:
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) apartado 1 art. 6 de la presente ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los arts. 18 y 23 de la presente ley.
------- no era una persona cualificada ni con conocimientos suficientes para ocuparse de forma tan decisiva de la prevención de riesgos laborales; de su declaración en el acto del juicio se desprende su falta de preparación específica en materia de prevención de riesgos laborales; aceptó ocuparse de los asuntos de seguridad porque se lo ordenó su jefe, el Sr. -----, quien con esta designación, se desentendió por completo de todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, lo que motivó también la incoación de un acta de infracción de seguridad y salud en el trabajo para --- (f. 319 a 323) con propuesta de sanción por una falta muy grave.