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Coordinador de seguridad

I.T.S.S

“1. El artículo 2.1 e) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, define al coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, como el técnico competente designado por el promotor para coordinar durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del citado Real Decreto. Parece lógico entender que deberá reunir los requisitos para ser proyectista, como autor de la totalidad, o de al menos parte, de este proyecto de obra, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 d) del Real Decreto 1627/1997. Estos requisitos vienen indicados en el artículo 10.2 de la ley 38/1999, y por lo que a titulaciones académicas se refiere, se citan las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico
2. El apartado f) de este precepto define al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, como el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. En primera instancia, la competencia del técnico debería estar fundamentada tanto en sus conocimientos sobre la actividad empresarial desarrollada como en la materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. La disposición adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), establece que las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.
El Real Decreto 1627/1997 no especificó, como no podía ser de otra manera al tratarse de una norma laboral que supuso la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 92/57/CEE, las titulaciones académicas que habilitaban para ejercer las funciones de coordinador en las obras de construcción, limitándose a indicar que estas serían efectuadas por un “técnico competente”. Y ello, considerando la definición de obra de construcción cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I.
Esta situación se clarificó con la aprobación de la arriba citada Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, y en particular, con su disposición adicional cuarta, antes reproducida. Las titulaciones académicas que se enumeran en la anterior, vienen referidas a las obras de edificación, si bien no es menos cierto que no existe otra norma que exija otros requisitos diferentes (titulaciones académicas en este caso) para obras de ingeniería civil. En este sentido, y a efectos de posibles requerimientos/procedimientos sancionadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no resulta aceptable realizar una interpretación de lo que se entiende por técnico competente en obras de ingeniería civil que vaya más allá de lo indicado en la normativa aquí citada, a menos que se aprobara otra norma referida de forma exclusiva a este tipo de obras.
En relación con lo anterior, y abundando en la consideración de este Centro Directivo, podemos señalar que el grupo de trabajo de “Construcción” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estableció en su Ponencia General los criterios de aplicación del Real Decreto 1627/97, y por lo tanto aplicables a todas las obras de construcción definidas en el mismo, manifestando en cuanto a los técnicos competentes: “a los efectos de interpretar el art. 2.1 e) y f), del Real Decreto 1627/97, se consideran técnicos competentes a aquellas personas que posean titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de Construcción y de Prevención de Riesgos Laborales, acordes con las funciones que fija el Real Decreto, que serán las titulaciones de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico”.
4. En conclusión, es preciso poseer conocimientos respecto la actividad empresarial desarrollada (edificación en este caso), así como en la materia de prevención de riesgos laborales. Todo ello en aplicación de la disposición adicional cuarta de la LOE, según la cual se ha de tener la titulación especificada en la misma. En este sentido, este Centro Directivo considera necesario recordar, en relación con los conocimientos del coordinador, que siempre hay que tener presente el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la normativa, con la finalidad de evitar un cumplimiento meramente formalista de aquellas. En este sentido, será indispensable la realización de estas funciones de coordinación con escrupuloso respeto a lo indicado en la normativa de prevención para no incurrir en la infracción tipificada en el artículo 12.24 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.” No obstante, junto a tales consideraciones procede realizar otras nuevas en lo que se refiere propiamente a las obras de edificación, que esperamos contribuyan a aclarar definitivamente este tema.
Como se indicaba más arriba, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece que “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.” . De manera que parece necesario establecer qué se quiere decir con ese último inciso que subrayamos y qué competencias y especialidades
corresponde a cada uno.
En cuanto a la primera cuestión, es más que evidente que la Ley no quiere reconocer a todos los técnicos recogidos en la DA 4ª la posibilidad de ser coordinador de seguridad en cualquier obra, sino que tal posibilidad la vincula a las especialidades y a las competencias de cada uno de ellos, lo que quiere decir que será necesario estar en posesión de unas u otras titulaciones, en función del tipo de obra de que se trate, para cada una de las cuales se establece quien es el técnico competente, debiendo entenderse referida esta competencia en relación con las funciones que desarrollan estos técnicos en su normativa reguladora, alguna de las cuales se indica a continuación.
Los tipos de obra de edificación ante las que nos podemos encontrar se recogen en el art. 2 de la citada Ley, en el que se señala lo siguiente:
“1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industria; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.”
Pues bien, más adelante, la Ley 38/1999 indica para cada tipo de obra señalada quien es el técnico competente para desarrollar la función de director de obra y de director de la ejecución de la obra, respectivamente, especificando en el art. 12.3 a) párrafo 2, que en el caso de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del art. 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, y cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Otro tanto cabe decir en relación con el director de la ejecución de la obra, señalándose en el art. 13.2 de la Ley 38/1999 que la titulación académica y profesional habilitante para tener tal condición, cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2,
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico, y también lo será para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás casos, señala el citado art. 13, la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
Es evidente, por la utilización de los mismos términos en la Disposición Adicional referida y en los demás artículos señalados (art. 12.3ª) y 13), que la Ley vincula la posibilidad de ser coordinador de seguridad en una edificación del grupo 1 a) a tener la consideración de arquitecto técnico, pero, además, si tomamos en consideración la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, se comprueba que ésta en su art. 2.2 señala que corresponden a los arquitectos técnicos todas las atribuciones profesionales descritas en el apartado primero de este artículo (donde se recogen las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos, en relación a su especialidad de ejecución de obras) con sujeción, dice, a las prescripciones de la legislación en el sector de la edificación, lo que cierra el círculo y nos vuelve a confirmar que es lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/1999. Además de lo anterior, se debe tener presente que la figura del coordinador de seguridad de una obra de construcción, no es completamente asimilable a la figura regulada en el RD. 171/2004 de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, para el que se exige en el art. 14 que deben contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. En efecto el coordinador de seguridad de una obra de construcción no solo debe contar con formación preventiva sino también con conocimientos de tipo técnico y referidos a cada tipo de obra en la que deba desarrollar su actividad de coordinación. Ello se desprende de lo previsto en el art. 9 del RD. 1627/1997 de 24 de octubre, en el que se establecen como obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra las siguientes funciones:
“a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. (...)
c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. (...)
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo”
De todas las funciones señaladas se desprende la necesidad de que el coordinador de seguridad en la fase de ejecución de la obra tenga un conocimiento de las técnicas y las prácticas constructivas relativas a edificaciones contenidas en el apartado a) del nº 1 del art. 2 de la Ley 38/1999. Pero donde aparece más clara esta necesidad es en relación con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en la obra, en el que, según el art. 7 del RD. 1627/1997, se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico, en función del propio sistema de ejecución
de la obra de cada contratista. Teniendo en cuenta que en el estudio de seguridad y salud, que según el art. 5 del RD. 1627/1997 debe ser elaborado por un técnico competente, deben recogerse aspectos como la memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse, y que en la elaboración de esa memoria habrán de tener en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, parece evidente la necesidad de que el coordinador de seguridad tenga conocimientos y formación técnica adecuada a dicho proceso constructivo, y esto solamente se da en el caso de los arquitectos y los arquitectos técnicos.
Por otra parte, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 9 del RD. 1627/1997 en el sentido de que la aprobación del Plan de Seguridad, caso de no ser exigible reglamentariamente la figura del coordinador de seguridad, corresponde a la dirección facultativa, y lo previsto en el art. 2.1 f) del propio RD señalado, en el sentido de que el coordinador de seguridad estará integrado en la Dirección Facultativa, es manifiesta también la necesidad de esos conocimientos específicos sobre las técnicas constructivas de edificaciones residenciales y de los otros tipos contenidos en el art. 2.1 apartado a) de la Ley 38/1999. Y supuesto que el art. 2.1 g) del RD 1627/1997 establece que la Dirección Facultativa es el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra, todo ello nos lleva a concluir que el coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra en las edificaciones recogidas en el art. 2.1 a) de la Ley 38/1999, solo puede serlo si está en posesión de la titulación profesional de Arquitecto o Arquitecto técnico, porque es la única que les hace competentes para desarrollar esas funciones de la Dirección Facultativa.
Similares criterios se pueden utilizar respecto del coordinador de seguridad durante la elaboración del proyecto, cuya función principal incluye la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud (Art. 5.1 RD 1627/1997) con el contenido a que se ha hecho referencia más arriba, y respecto del que vale lo dicho para el coordinador de seguridad en la fase de ejecución de la obra. En efecto, no puede olvidarse que la misión de dicho coordinador es la aplicación de lo dispuesto en el art. 8.1 y 2 del RD 1627/1997, que incluye la obligación de asegurarse de que los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el art. 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, son tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, y en particular: a) al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente; b) al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo. Pues bien, difícilmente se podrá cumplir adecuadamente dichas funciones, sin conocimiento y formación profesional acorde a las actividades constructivas relacionadas con edificaciones residenciales, a las técnicas que se aplican en las mismas o a la organización de dichas actividades.
Por lo demás, los criterios anteriores son coincidentes con los recogidos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, dictada en el Recurso de Apelación 194/2003, de fecha 14 de octubre de 2004. Y en idéntico sentido se pronuncia la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, en contestación de fecha 18 de marzo de 2003 a una consulta formulada por un particular.
No obstante lo señalado hasta ahora, este Centro Directivo comparte el criterio de esa Inspección Provincial, respecto de que las actuaciones de los inspectores de trabajo no pueden ir más allá de limitarse a poner de manifiesto dichos criterios a los sujetos interesados, sin que se pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador si no son respetados, porque la designación del promotor como
coordinador de seguridad ha recaído en un ingeniero o ingeniero técnico en una obra de edificación que no corresponda a sus competencias o especialidades, conforme a lo razonado más arriba. Y ello entendemos que es así por los siguientes motivos:
PRIMERO.- El promotor de una obra de construcción solo es considerado sujeto responsable de infracciones en el orden social, en tanto que incumplan obligaciones que se derivan de la normativa de prevención de riesgos laborales, conforme a lo señalado en el art. 2.8 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación no tiene tal consideración.
SEGUNDO.- Vinculado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, además, el art. 5.2 del citado R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, solo considera infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley. La imposibilidad de considerar al promotor como sujeto responsable impide también apreciar la existencia de una infracción.
TERCERO.- Alguna sentencia como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Zaragoza (265/05), de 29 de julio de 2005, ha confirmado la procedencia del criterio señalado en los dos ordinales anteriores, al examinar el recurso formulado por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Aragón contra la decisión de la Inspección Provincial de Zaragoza que desestimaba abrir expediente sancionador en relación con el nombramiento de un coordinador de seguridad por un promotor en una obra de edificación, por entender que debía ser desempeñado por un técnico perteneciente a ese Colegio y no un Ingeniero Técnico. En dicha sentencia se recogen, entre otros razonamientos, que la Inspección de Trabajo y la Administración sancionadora no controla, porque no entra dentro de sus competencias, la titulación del Coordinador de Seguridad y Salud, sino exclusivamente si la empresa, obligada a ello, cumple la normativa de prevención de riesgos laborales, entre la que no se encuentra la titulación concreta de estos coordinadores.
Además, la Sentencia junto a lo señalado por este centro directivo en los ordinales anteriores viene a establecer la inexistencia de tipo infractor adecuado en el que tuviera cabida la conducta del promotor.
CUARTO.- Por si lo anterior no fuera suficiente, se debe tomar en consideración por último, como se indica adecuadamente en la contestación de fecha 8 de marzo de 2007 de esa Inspección Provincial al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que recoge la doctrina de diversas Sentencias de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo (Además de las citadas en dicha contestación correspondientes al TSJ de Cantabria, 31/5/92, 16/9/92, 7/11/94 y 2/3/00, cabe referirse también a la propia doctrina del Tribunal Supremo recogida en las Sentencias de 6/2/89, RJ 453; 17/1/90, RJ 43/1990; 12/1/00, RJ 549 y 23/7/02, RJ 9471), que la Administración ha de tener en cuenta a la hora de sancionar que no basta con constatar una discordancia objetiva entre la conducta del empresario y el ordenamiento jurídico sino que se precisa la apreciación de una voluntad adversa al cumplimiento de la norma que debe entenderse excluida cuando ésta necesita ser interpretada, es decir, que si las conductas obedecen a discrepancias legítimas en la interpretación de las normas, esto es, a posturas enfrentadas entre Administración y administrados sobre el sentido y aplicación de un determinado precepto, no pueden sin mas ser objeto de sanción administrativa cuando se basan en planteamientos razonables, perfectamente defendibles en derecho, y ello al margen de que la solución última dada en sede jurisdiccional se decante a favor de una u otra tesis.
Tal criterio no sería de aplicación al supuesto de que el nombramiento recayese sobre un sujeto que no tenga la condición de técnico, dado que este requisito es exigido por los arts. 2.1 e) y 2.1f) del RD 1627/1997 de manera clara y terminante, pero sí cuando tiene dicho condición de técnico, pero podría considerársele no adecuado conforme a lo señalado en la primera parte de esta contestación.


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