Tribunal de Justicia de Cantabria. Estimación de recursos

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

Ilustrísimo Sr. Presidente: Don Cesar Tolosa Tribiño
Ilustrísimos Sres. Magistrados: Doña maría Teresa Marijuan Arias, Doña María Jesus Vegas Torres

En la ciudad de Santander, a veintiuno de marzo de dos mil. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 511/99 al que se ha acumulado el recurso numero 512/99 interpuestos por SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras de Ambito Nacional, representada por la Procuradora Doña Yolanda Vara García y defendida por el letrado Don Santiago López Arenal, contra el Gobierno de Cantabria, representado y defendido por el letrado de sus servicios jurídicos. La cuantía del recurso es indeterminada. Es ponente el Ilmo. Sr. Don César Tolosa Tribiño, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Los recursos se interpusieron el día 13 de julio de 1999, contra la desestimación presunta de los recursos ordinarios interpuestos contra las resoluciones dictadas el 4 de septiembre de 1998 por el Sr. Consejero de Presidencia que desestimaba las alegaciones formuladas contra el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratación de las Obras “Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma de la carretera S-484, Ramal de N-634 a Comillas, P.K. 0,000 al 11,600. Tramo: Cabezón de la Sal – Comillas” y “mejora de trazado de carretera C-6316, de Barreda a San Vicente de la Barquera, p.k. 25,100 al 31,500. Tramo Rubárcena – La Revilla”, respectivamente.

SEGUNDO. En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declara la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.

TERCERO. En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada solicita de la sala dicte sentencia por la que se desestime la demanda en todos sus términos, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.

CUARTO. No solicitado el recibimiento del proceso a prueba, se señala fecha para votación y fallo el día 20 de marzo de 2000, en que efectivamente se deliberó, votó y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Son objeto de los presentes recursos las resoluciones dictadas el 4 de septiembre de 1998 por el Sr. Consejero de Presidencia que desestimaba las alegaciones formuladas contra el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratación de las Obras “Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma de la carretera S-484, Ramal de N-634 a Comillas, P.K. 0,000 al 11,600. Tramo: Cabezón de la Sal – Comillas” y “mejora de trazado de carretera C-6316, de Barreda a San Vicente de la Barquera, p.k. 25,100 al 31,500. Tramo Rubárcena – La Revilla”, respectivamente.

SEGUNDO. Existe plena conformidad entre las partes acerca de la naturaleza jurídica de los denominados pliegos de clausulas administrativas particulares, en cuanto los mismos son, como afirma reiterada jurisprudencia, la Ley del contrato, conceptuación que no impide su subordinación a las normas y principios superiores del ordenamiento jurídico.
Esta conceptuación se deduce sin ningun esfuerzo interpretativo de lo dispuesto en el apartado quinto del art. 50 de la Ley de Contratos, así como del art. 11.2.f) de la misma Ley.

TERCERO. Por su parte, el art. 4 de la Ley establece el principio de libertad de pactos, al señalar que “La Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y deberá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación básica a favor de aquella”, precepto del que se desprende la libertad de que gozan las partes de un contrato administrativo para fijar en los pliegos, las clausulas que tengan por convenientes, si bien, tal libertad encuentra su límite, como no podía ser de otro modo en el respeto del ordenamiento jurídico.

CUARTO. Partiendo de la vigencia de estos preceptos, procede analizar si el contenido de la clausula de los pliegos impugnada en el presente recurso, es contraria al ordenamiento jurídco, o si, por el contrario, se incardina dentro del ámbito del principio de libertad de pactos.
A estos efectos debemos señalar que la referida clausula establece que a efectos y cuando de acuerdo con el artículo 3.2. del mencionado Real Decreto se requiera, el contratista deberá proponer a la Administración para su designación como coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el técnico competente en esta materia que ejercerá dicha función.
La persona designada, integrada en la Dirección Facultativa a los únicos efectos de seguridad y salud, no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la Administración, siendo responsabilidad del contratista tanto su selección como el establecimiento de la relación que le vincule con el contrato de obra.

QUINTO. Del contenido de dicha clausula puede concluirse que se está procediendo a obligar a asumir a las empresas contratistas, tanto la propuesta del coordinador de seguridad, como la vinculación laboral y económica del mismo a la empresa adjudicataria, relevando a la Administración de tales obligaciones.

SEXTO. El art. 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción establece que: 2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Por su parte el art. 2 define al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, como el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9.

SEPTIMO. Del contenido de ambos preceptos se deduce, sin necesidad de labor interpretativa alguna que, el coordinador en materia de seguridad y salud es designado por el promotor, figura que según el propio Real Decreto es cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra, o más concretamente tal y como lo define el art. 9.1 de la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa, y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
La ausencia de esta obligación por el promotor se refuerza por el contenido del art. 9.2. f) cuando afirma que las funciones serán asumidas por la dirección facultativa cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, esto es, según el art. 2.1.g), será asumida por técnicos competentes designados por el promotor.

OCTAVO. La figura del coordinador en materia de seguridad y salud, tiene su base en el art. 17 del Convenio 155 de la O.I.T., ratificado por España el 26 de julio de 1985, en cuanto establece que siempre que “dos o mas empresas desarrollen simultaneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente convenio”, en el mismo sentido se manifiesta el Art. 6.4 de la Directiva 89/391 CEE, conocida como Directiva Marco, al señalar que “cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, la higiene y la salud, así como, habida cuenta el tipo de actividades, coordinarse con vistas a la protección y prevención de riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos, e informar a sus trabajadores respectivos y/o sus representantes.”

NOVENO. La dependencia del coordinador del promotor, de la Administración en definitiva cuando esta asuma tal función, resulta además de las propias funciones que en cumplimiento de los anteriormente señalados principios generales se otorgan a esta figura en el art. 9 del Real Decreto, por cuanto si la dependencia fuera del contratista, tal y como pretende en definitiva la Comunidad Autónoma con la clausula impugnada, sería imposible el cumplimiento de las funciones asignadas, tales como las señaladas en el art. 9.b, c, y d.

DECIMO. De conformidad con el artículo 139 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, no ha lugar a imponer a ninguna de las partes el pago de las costas al no haber obrado con temeridad o mala fe procesales.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

FALLAMOS que debemos estimar el presente recurso interpuesto por SEPAN, Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional, contra las resoluciones dictadas el 4 de septiembre de 1998 por el Sr. Consejero de Presidencia que desestimaba las alegaciones formuladas contra el pliego de Clausulas administrativas Particulares para la contratación de las obras “Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma de la carretera S-484, Ramal de N-634 a Comillas, P.K. 0,000 al 11,600. Tramo: Cabezón de la Sal – Comillas” y “mejora de trazado de carretera C-6316, de Barreda a San Vicente de la Barquera, p.k. 25,100 al 31,500. Tramo Rubárcena – La Revilla”, respectivamente, declarando la nulidad de las resoluciones combatidas por ser contrarias al ordenamiento jurídico, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.
Así, por nuestra Sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la Sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de este.