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La España “ilustrada” de la segunda mitad del siglo XVIII, que buscaba los remedios a los males económicos y el progreso de la sociedad, se oponía a la amortización de la propiedad, que impedía su libre circulación y consideraban era la causante de la despoblación, el empobrecimiento del Estado y el atraso y la decadencia de la agricultura y el comercio. A tan radicales cambios se oponía una tradición histórica, las opiniones de teólogos y el pensamiento de los Papas.

Argumentos en contra de la amortización

La doctrina económica se percató de que para lograr el fomento que se perseguía era necesario dar a la propiedad una movilidad que hasta el momento no poseía y que acarreaba profundos males (falta de interés en aplicar el capital necesario, apatía para aumentar la producción y, sobre todo, la poca subdivisión de la propiedad). En pos de este objetivo se vertirán innumerables escritos pidiendo la desvinculación de la propiedad.

Crecimiento demográfico y escasez de tierras en el siglo XVIII

El notable incremento de la población en el transcurso de todo el siglo XVIII constituyó un indudable factor estimulante de demanda de productos agrícolas que a la vez generaba un incremento de la renta de la tierra. Los terratenientes vieron aumentados sus ingresos por la elevación de los precios de los productos y por el incremento de las percepciones, consecuencia de la mayor extensión de las superficies cultivadas.
Así, se agudizan las tensiones entre propietarios y colonos y se denuncia abierta e intensamente las estructuras tradicionales de la propiedad y se pida con insistencia la aparición de una “ley” agraria.
A pesar de las intensas crisis agrarias y la desastrosa situación de la Hacienda española, ni se promulgó una Ley agraria que armonizase los intereses de los propietarios y arrendatarios ni se alteró básicamente la estructura de la propiedad.

Numerosas publicaciones trataron el problema desde comienzos de siglo, entre las que sobresalió un informe de Melchor de Macanaz, El informe de la Ley Agraria, de Jovellanos, y el Tratado de la regalía de amortización, de Campomanes.

Jovellanos, el gran representante de la España ilustrada, analizó agudamente todos los males que afectaban a la agricultura e intenta aplicar y transplantar a España las ideas de la escuela fisiócrata francesa de Quesnay y Turgot y las del naciente liberalismo inglés. El abandono general de la agricultura que se manifestaba en el campo, y que quedaba perfectamente reflejado en las condiciones de vida de los colonos, se debía en gran medida a la libre amortización de la propiedad, que la privaba de la libre circulación.
Era necesario introducir movilidad. La tierra estaba repartida entre cinco tipos o clases de propietarios:
• Corona
• Iglesia (clero regular y secular)
• pueblos (sobre todo bienes de propios y comunes)
• propietarios particulares con tierras vinculadas
• propietarios particulares con tierras sin vincular: sólo la tierra de éstos disponía de movilidad.

Campomanes, en su Tratado de la regalía de amortización, pretendió demostrar la competencia del monarca para limitar la facultad de adquirir de las manos muertas (Iglesia) y la necesidad de que hiciera uso de esta prerrogativa, porque la propiedad amortizada iba en detrimento de la riqueza de los seglares, contribuía a la disminución de la población, perjudicaba al clero en su disciplina, fomentando el lujo y la codicia, y finalmente al Estado en su Hacienda.

El Despotismo Ilustrado persigue el “fomento” tanto de la economía como de la cultura en general. Al frente de dicho movimiento estaba, en primer término, el monarca, máximo representante del Despotismo Ilustrado, doctrina que declaraba al soberano “servidor del pueblo”.