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Los objetivos de los monarcas en campo jurídico son de 2 clases:
Sustituir el derecho local por el nacional (reforzar la unidad del reino mediante una uniformidad jurídica).
Sustituir el viejo derecho (predominio de unos grupos sociales) por el romano (poderes amplios para el rey).
El primer objetivo interesa a todos los grupos sociales porque al ampliarse los contactos entre las regiones se precisa buscar fórmulas de convivencia. Aunque las normas locales no desaparecen, desde el s XI comienzan a limitarse por otras más amplias: Cataluña adquiere cierta uniformidad jurídica por medio de los Usatges de Barcelona que se extienden a Urgell y Tortosa (s. XII), al Rosellón, Cerdaña y Ampurias (S. XIII) y a Besalú (s. XIV); en León, el Liber Iudicorum visigodo, adaptado y transformado en el Fuero Juzgo desplaza paulatinamente a los fueros locales. Igual ocurre en Toledo desde donde pasará a poblaciones de Andalucía y Murcia; el derecho castellano aparece unificado en el s XIII, en las colecciones de Fazañas (sentencias dadas por los jueces en casos concretos a los que se da valor general) o en el Fuero Viejo. También en el XIII se hallarán fijados el Fuero General de Navarra y los Fueron de Aragón.
Desde el XIII, el monarca intentará uniformar el derecho de cada reino e imponer sus puntos de vista, sólo aceptados cuando coincidan con los intereses de los grupos sociales más importantes o cuando el rey pueda imponerse. En Castilla se intentó crear un cuerpo legal, basado en el derecho romano pero la nobleza no aceptó el Fuero Real, redactado por los juristas de la Corte antes de 1255. La revuelta nobiliaria de 1272 castellana confirmó los fueros antiguos e impidió la aplicación en la Corte castellana del Espéculo, escrito entre 1255 y  1260. La coexistencia de normas jurídicas diferentes darían lugar a dudas sobre el Fuero Real, que serán resueltas en las Leyes Nuevas y en las Leyes del Estilo, colección de decisiones judiciales de época de Alfonso X, a quien se atribuye la autoría del Código de las Partidas (1258-1260). Sólo en 1348 conseguirá Alfonso XI, en las Cortes de Alcalá imponer este Código. Los fueros locales subsistieron en las cláusulas tradicionalmente usadas, siempre que no fueran contra las leyes promulgadas en estas Cortes. El rey logró que se le reconociera el derecho de enmendar y mejorar los fueros y dictar nuevas leyes.
En el ámbito castellano coexisten normas de distintos orígenes, con predominio del nuevo derecho de Castilla y León y de la costumbre en el País Vasco -donde se distinguen jurídicamente Álava, Ayala, Guipúzcoa, Vizcaya y las Encartaciones y el Duranguesado-. El derecho aragonés se halla codificado y unificado en el s. XIII de acuerdo con las normas tradicionales de la Alta Edad Media, que se mantienen hasta época moderna. El aislamiento aragonés respecto al comercio, continentalidad del reino y predominio nobiliario hace que perduren los modos de vida tradicionales y el derecho recopilado en 1247 por el Obispo de Huesca Vida de Canellas. Este derecho puede ser modificado por las Cortes y por la costumbre, cuando se prueba que ésta difiere del fuero. La institucionalización del Justicia de Aragón (ha de ser aragonés y no jurista para evitar la entrada de leyes distintas a las del reino) otorga gran importancia a sus decisiones judiciales que, reunidas en colecciones de observancias, adquieren carácter legal en 1428. Los fueros de 1247 y las observancias de 1248 son las fuentes básicas del derecho aragonés. Se basan en la costumbre, que mantiene preeminencia sobre fueros y observancias.
Tampoco en Cataluña el derecho romano desplazó a las antiguas normas jurídicas pero si influyó en ellas y las modificó. El derecho visigodo fue perdiendo importancia al desarrollarse y codificarse la costumbre, pero su influencia es considerable en los Usatges de Barcelona y en las Costums de Lérida, Tarragona, Urgell y Gerona. Las normas visigodas se mantienen sólo cuando han adquirido el valor de costumbre y va en 1251, se incluyen las leyes visigodas junto con las romanas y canónicas entre las que no pueden ser alegadas de manera directa en los pleitos.
La penetración del derecho romano en Cataluña se ve favorecida por la afluencia de estudiantes catalanes a las universidades de Bolonia v Montpellier y por la difusión de sus estudios. No obstante, contra los legisladores y su forma de aplicar el derecho, se dirigen las disposiciones de la asamblea de. 1251. En la tarea de adecuar el derecho consuetudinario catalán a las nuevas corrientes jurídicas, destaca la figura del canónigo y legislador barcelonés Pere Albert; en su obra se recogen las costumbres feudales y nuevos conceptos al atribuir al conde de Barcelona prerrogativas reservadas por el derecho romano al emperador. Se reconoce la superioridad del príncipe sobre un ámbito territorial definido: Cataluña. Con la obra de Pere Albert adquiere reconocimiento oficial el Principado de Cataluña: La autoridad del conde de Barcelona se extiende a todo el ámbito territorial.
El sistema jurídico valenciano presenta dos modalidades: la zona conquistada y repoblada por aragoneses recibió el Fuero de Aragón. En las comarcas ocupadas por Jaime I rigió un nuevo fuero a partir de 1240, año de promulgación de los Furs de Valencia. Jaime I mandó ponerlos por escrito, especificando que en el reino de Valencia no podría regir otra costumbre. Las nuevas leves tienen orígenes diversos, con predominio del derecho romano; se incluyen normas procedentes de las costumbres de Lérida, de los Usatges de Barcelona, del derecho aragonés. Se dispone que se apliquen las leyes al pie de la letra sin ninguna interpretación para evitar los enredos que ponen los juristas en los pleitos, afirmación valida todavía en 1358, que continua las órdenes de 1270 y 1283 por las que se prohibía alegar el derecho romano en los pleitos. Hay que señalar que en las fechas citadas (1240, 1270, 1283 y 1358) el monarca se halla necesitado del apoyo Vaticano por lo que la oposición a los juristas se piensa provenga de los grupos privilegiados, que lograron en 1261 que Jaime I renunciara a dictar nuevas leyes sin el consentimiento de la Curia o Cortes. El fuero valenciano aspira a diferenciar el nuevo reino claramente de Aragón y de Cataluña y a darle unidad jurídica.
En Mallorca, como en Valencia, no existe una costumbre que respetar y el monarca tiene gran libertad para establecer el sistema jurídico. La primera disposición fue la Carta de franqueza o de población concedida en 1230 por Jaime 1, siguiendo los  modelos de Lérida-Tortosa. El predominio catalán en la conquista y repoblación del reino se observa en la remisión a los Usatges en las materias penales. Junto al monarca legislan los Jurados de la Ciudad de Palma y el Gran i General Consell que agrupaba representantes de la Ciudad y de las villas.
En Navarra la situación jurídica es similar a la de Aragón. Subsiste el derecho local y, sin perjuicio de estas normas se crea en el XIII un derecho común a todo el reino. El deseo de diferenciarse de los franceses y de imponer a los monarcas extranjeros el respeto a sus costumbres, aparece en el prólogo del Fuero General de Navarra. En Portugal, los fueros locales se mantuvieron, pero desde mediados del XIII, los reyes dictaron normas para todo el reino procurando adaptar las normas castellanas basadas en el derecho romano como el Fuero Real o Las Partidas.
Los intentos unificadores de los reyes chocan con los derechos de nobles y clérigos y con el derecho local  propio de una sociedad en la que cada aldea, villa o ciudad crea sus propias normas. La forma más simple de organización es la que ofrecen algunas cartas pueblas o fueros-contratos agrarios de carácter señorial, que regulan los asentamientos y obligaciones de los pobladores hacia el señor; los lugares de realengo, concejos y algunos lugares de señorío reciben en los siglos XI y XII fueros breves en los que se otorgan exenciones y privilegios y se incluyen normas sobre el aprovechamiento común de bosques, pastos y normas de derecho procesal. Según van adquiriendo importancia los concejos, se completan las normas jurídicas y terminan recopilándose en los fueros extensos.
Los fueros extensos tienen muchos puntos en común, bien por seguir un modelo o por haberse concedido los de un concejo a otros; como ocurre con los fueros de la Extremadura castellana, entre los que se incluyen los de Sepúlveda, Cuenca, Teruel, Soria, etc. y los de la Extremadura leonesa con los fueros de Salamanca, Zamora, Ledesma, etc. Estos fueros son fuente inapreciable para el conocimiento de la sociedad medieval. Los concejos de los siglos XII-XIII no son ciudades en el sentido actual, son poblaciones que viven del trabajo campesino y de la tierra, aunque en todas las ciudades pueda haber un reducido grupo de mercaderes y artesanos.
La preocupación de los hombres buenos y del concejo es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Se prohíbe o se regula la venganza de sangre que permitía a los parientes del muerto tomar venganza. Los alcaldes deben impedirlo. La lid judicial decidirá quien tiene razón. Alcaldes y justicias vigilan para que el juicio de Dios se desarrolle correctamente, teóricamente ofrece iguales oportunidades, algo que no ocurre en las ordalías del agua hirviendo o del hierro candente, consistentes en meter la mano en el agua o asir el hierro; la mano será vendada y descubierta algunos días después, si no hay quemaduras, se ha probado la inocencia y se levantan los cargos; si se quema la culpabilidad no ofrece dudas.
Los hombres buenos dirigen los concejos, son personas que gozan de consideración entre sus vecinos. Pronto serán sustituidos por personas que, aun siendo en casos campesinos, se distinguen claramente de éstos. Se les conoce como caballeros villanos.
Son vecinos del municipio y están sometidos a él; en principio, carecen de privilegios especiales, pero con el tiempo, la posesión de caballo llegó a ser requisito imprescindible para desempeñar un cargo municipal. Estos caballeros se convirtieron en los dirigentes del concejo y lograron importantes exenciones fiscales y privilegios como representar a los concejos ante el monarca y en las Cortes. Puede hablarse de la existencia de un fuero especifico de los caballeros: están exentos de prestaciones personales (pago del nuncio, mañería, etc.) mantienen estos privilegios incluso cuando han perdido el caballo, siempre que antes de tres años adquieran otro que les permita cumplir sus deberes militares. Su fuero se extiende a las viudas e hijos menores de edad si son dueños de un caballo para la guerra.
A fines del XII, ser caballero deja de ser una posibilidad libremente aceptada y se convierte en una obligación para cuantos tienen un determinado patrimonio. Comprar caballo y armas es una obligación para los más acomodados y como tal, aparece en algunos fueros locales. La riqueza obliga a prestaciones militares; los caballeros de esta naturaleza se llamaran caballeros de cuantía o premio.
Se ha definido a estos concejos como centros de libertad e igualdad, pero los fueros establecen diferencias entre los pobladores. En la actualidad se ha llegado a hablar de los concejos como señoríos colectivos cuyos dirigentes ejercen autoridad sobre las aldeas que dependen de la ciudad; las comunidades de Villa y Tierra no son ya repúblicas igualitarias. En el fuero de Salamanca se distinguen grupos diferenciados por la propiedad o no de casa: vecino es quien tiene casa en la ciudad y quien le hiere o golpea paga una multa de 20 maravedíes, que se reducen a 10 si es aldeano con casa y a 5 cuando es un aldeano, mancebo o yuguero (que viven en casa ajena y trabaja para un señor); la pena es menor cuando el herido es un moro, esclavo propiedad de un señor al que hay que indemnizar en caso de que muera. Las diferencias de sexo y de edad también cuentan: la mujer es mencionada con relación al hombre sea marido, hijo o pariente. La viuda no es enteramente dueña de sí ni de los bienes del marido, aunque el Fuero se ocupa de que reciba lo suficiente para vivir.
Los concejos occidentales están bajo el control de los caballeros. En las ciudades catalanas el poder municipal lo tienen los burgueses a partir del s. XIII; inicialmente los vecinos actúan solidariamente entre la jurisdicción real o señorial, primero de forma espontánea y, después, organizados en la universitas o comunidad, acta en pleitos con particulares y frente a otros municipios y comienza a intervenir en las asambleas políticos junto a nobles y eclesiásticos. Se organizan las comunidades y se delegan poderes en representantes, los probi homines, hombres buenos o prohombres que terminan constituyendo un grupo social que asume la representación de la ciudad. Reconocida su actuación por los representantes del rey o del señor colaboran con ellos en el gobierno de la ciudad.
El municipio aparece cuando las representaciones confiadas a los prohoms se regularizan y se organiza incluso la forma de elegirlos. A fines del XII el rey autoriza a los habitantes de Gerona y Cervera a crear una cofradía y a elegir cónsules que gobernaran y protegieran a los ciudadanos; Pedro el Católico en 1197 dispuso que Perpiñán fuera regido por 5 cónsules, pero el verdadero desarrollo de los municipios catalanes fue obra de Jaime I, quien para la organización de Barcelona dictó numerosas disposiciones entre 1249 y 1274.
En 1249 nombró pahers (4), encargados de mantener la paz y los autorizó a elegir consejeros que les ayudasen; estarán sometidos a los representantes del monarca en la ciudad, su papel sería de simples consejeros pues carecen de jurisdicción, excepto para convocar la asamblea de vecinos; en 1257 esta asamblea desapareció y el gobierno de la ciudad quedó en manos del veguer, vicario representante del conde, ayudado por consellers y asesorados por 200 prohombres cuyo número descendió a cien en 1265 - Consejo de Ciento-. La forma de nombramiento de estos dirigentes deja el gobierno en manos de un grupo reducido: los grandes mercaderes, que al unir autoridad y fuerza económica crearon una aristocracia: el patriciado urbano; los consellers de cada año eligen a los cien y éstos al finalizar el mandato anual nombran a doce personas entre los Cien que designan a los futuros consellers, con lo que los nombramientos siempre están en las mismas manos.
La importancia de las ciudades hizo que el papel de los delegados del rey perdiera interés, el veguer y el batle quedaron relegados a la dirección nominal de la ciudad, sin atribuciones, si previamente, no tiene el consentimiento de los consellers, situación confirmada en 1283 por las Cortes catalanas. Siguió la concesión de privilegios a cada una de las ciudades.
Los fueros de Barcelona aparecen reunidos en el privilegio Recognoverunt proceres de 11 de enero de 1284; en él se completaron las normas referentes a la organización municipal, protección del comercio y avituallamiento de la ciudad; supresión de peajes, reafirmación de libertad de navegación a las naves barcelonesas y extensión de esta libertad a cualquier otro reino, siempre que no estuviera en guerra con el rey de Aragón. El papel del veguer disminuyó considerablemente, de hecho, quedó a disposición de los consellers cuyas ordenanzas tendría que apoyar; al ser nombrado un nuevo veguer, debería jurar ante los prohombres de Barcelona, seguir su consejo y mantener los derechos y costumbres de la ciudad.
La diferenciación entre los habitantes de la ciudad, la equiparación de los patricios con una aristocracia urbana que tendía a identificar sus intereses con los de la ciudad en perjuicio del resto de los habitantes pudo ser la causa de la sublevación de las capas populares durante el reinado de Pedro el Grande. La campaña siciliana que se halla en la base las Cortes de 1283 y del reconocimiento de los privilegios barceloneses un año más tarde, coincidía con los intereses de la aristocracia comercial pero los gastos de guerra repercutían sobre toda la población; ante esta situación Berenguer Oller se apoderó del gobierno de la ciudad en un movimiento contra los poderosos.
Coincidiendo con problemas de abastecimiento de Barcelona, en 1333, las predicaciones de un carmelita contra los ricos iniciaron un motín en el que tomaron parte los habitantes de Los barrios populares y los campesinos.
En el s. XIV se consigue una participación activa en el gobierno municipal que permitía contrarrestar la hegemonía de los ciudadanos. El predominio correspondió siempre a los ciudadanos honrados y entre ellos se elige al conseller en cap y al consejero jefe del Consejo de los Cinco, y ciudadanos serán los representantes de las ciudades en las Cortes.



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