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La conquista del reino fue obra de los catalanes, con ayuda de algunos nobles aragoneses, como respuesta a la captura de naves barcelonesas por los mallorquines. La campaña la inició el rey con el cobro en Cataluña del "bovatge", impuesto que se remonta a 1118 cuando Ramón Berenguer III se comprometió a mantener la estabilidad de la moneda a cambio de que se le entregara una cantidad por cada buey existente en el condado. Este tributo se convirtió en un impuesto cobrado al comienzo de cada reinado o en situaciones especiales como las campañas de Jaime I contra los musulmanes, que se inician con la aprobación de las constituciones de Paz y Tregua y del cobro del bovatge: las primeras garantizan paz y seguridad de los bienes de los participantes en la empresa, y el segundo los medios materiales.
Conquistada Mallorca, los musulmanes que quedaron fueron reducidos a la esclavitud y sus bienes se repartieron entre los conquistadores en proporción a los contingentes aportados, según lo acordado antes de la campaña, en confesión del monarca. Se puso por escrito la forma de reparto según los caballeros, hombres armados, naves, galeras, leños y armamentos que cada uno levase. La nobleza recibe tierras y a las ciudades y su actividad comercial se conceden desde 1231 franquicias comerciales a los mercaderes de Barcelona, Tarragona, Lérida, Perpiñán, Montpellier y otras, es decir, las que colaboraron en la conquista. También se reconoce el derecho a comerciar en la isla a pisanos y genoveses, en condiciones similares a las de época musulmana. Las relaciones comerciales se extienden al norte de África: Roma prohíbe el comercio con musulmanes, pero el conde Pedro de Portugal pide una bula que autorice el comercio limitando sólo los artículos militares.
El puerto de Portopí fue acondicionado limpiado y dragado con el impuesto del 'morabati' pagado por los patrones de las naves que anclan en el puerto, tanto extranjeros como mallorquines, pues la isla es importante centro comercial como lo era en época islámica. Los nuevos mallorquines ven recogida en la Carta de Franquicia o de Franquesa, considerada Carta Constitucional del Reino, el derecho de comerciar, exentos de cargas fiscales, en los territorios sometidos a su jurisdicción (de Jaime I) y en aquellos que en el futuro pudiera conquistar. Otro privilegio incluido en la Carta de Franqueza de 1230 anima el comercio: podrán cortar libremente en los bosques insulares cuanta madera precisen para la construcción de naves.

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y Vinculación ECONÓMICA

La libertad del comercio mallorquín en los territorios de la Corona, de los catalanes en la isla, y la concesión de la Carta de Franqueza de 1230 hacen creer que Mallorca se incorpora a la Corona en igualdad con Cataluña, Aragón y Valencia pero no fue así desde el momento de la ocupación. Jaime I utiliza la isla para resolver problemas peninsulares, para incorporar el condado de Urgell al de Barcelona: a cambio cederá en feudo vitalicio Mallorca y Menorca y, durante dos amos, reservara la conquista de Ibiza a Pedro de Portugal, al conde Nuño Sánchez y al arzobispo de Tarragona.
El feudo mallorquín de Pedro se mantiene hasta 1244, año en que el infante portugués comunica a los prohombres de Mallorca que ha cambiado al rey sus derechos sobre Baleares por el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Almenara, CasteIIó de Burriana y Morella en el ocupado reino de Valencia. La entrega a Pedro del señorío de Mallorca no anula los derechos del monarca que deja el reino a sus hilos: a Pedro en 1242 junto con Valencia, y a Jaime en los testamentos de 1243, 1248, 1251 y 1262. Las islas aparecen unidas a Valencia, Montpellier, RoseIIón y Cerdaña en 1243, a Cataluña en 1248, a Montpellier en 1251 y de nuevo a los dominios pirenaicos en 1262.
Según el último testamento los hijos de Jaime actuarían como soberanos independientes en sus dominios, Pero el reino de Mallorca no puede competir con Barcelona-Aragón-Valencia del primogénito y aparece subordinado a la Corona. En 1279, Pedro el Grande oficializa esta subordinación imponiendo a su hermano el tratado de Perpiñán por que el mallorquín reconoce su vasallaje al aragonés confirmando la dependencia política respecto a Aragón y económica respecto a Cataluña: los mercaderes catalanes mantendrán privilegios en las islas, en los condados pirenaicos sólo circulará moneda de Barcelona y en ellos estarán vigentes los Usatges de Barcelona.
La ocupación de Sicilia en 1282 divide a los mallorquines: la burguesía se une al monarca aragonés y colabora en la campaña, la nobleza y Jaime II se alían al Pontificado y a la monarquía francesa contra el rey de Aragón poniendo fin al vasallaje de 1279. Pedro el Grande mantuvo la atracción de los mercaderes mallorquines y ratifica la exención de impuestos en las ciudades de la Corona a las que acuden con sal de Ibiza, paros de Italia, Perpiñán o Montpellier, lana, cera, cera, azúcar y algodón del N. de África y en las que compran cereales, vino, aceite, lana, cueros para consumo del reino y para su redistribución den el mediterráneo Occidental y en el N. de África.
La presión económica con fines políticos es habitual, lo que explica la facilidad con que se acepta la ocupación del reino por el monarca aragonés en 1285 y las buenas relaciones mantenidas entre mercaderes de Mallorca y de la Corona tras la devolución del reino en 1298 a Jaime II de Mallorca, aliado de su homónimo frente a Francia cuando se cierran a la navegación catalana y mallorquina Los puertos de acceso a Montpellier, centro distribuidos de paños, para potenciar el comercio de las poblaciones controladas por la monarquía francesa; la medida afectó a mallorquines y catalanes que vieron cómo los paños, una de las bases de su comercio, se encarecían, pero la presión francesa estimuló la creación de una industria textil de calidad destinada a sustituir a los paños de Francia y Flandes.
Esta industria adquiere importancia en los dominios pirenaicos de Mallorca (Perpiñán) mientras en la isla es el rey el que promueve la actividad industrial, en 1303, al enviar un maestro que dirija la puesta al día de los talleres y decidiendo la compra de lana de Berbería para paños destinados al comercio. Diez años después se aprueban las ordenanzas relativas al "abratge de la llana" y desde mediados de siglo se trabaja en Mallorca para la exportación aunque con precios no competitivos, necesitando los productos mallorquines aranceles protectores lo que les enfrentaría a los mercaderes catalanes desde finales del XIII cuando Jaime II reforma la 'Iezda" o peaje de "Cotillure" cuyos orígenes se remontan a la segunda mitad del XII.
En 1252 la lezda en el litoral rosellonés sobre varios productos y el anclaje de barcos favorece a los mercaderes catalanes pues se dispone que las mercancías del Mediterráneo oriental transportadas por naves catalanas están exentas del pago de lezda. En 1299 se incluyen nuevos productos y se suprimen otros por perdida de interés comercial y se favorece a los mallorquines gravando la entrada en el RoseIIón de manufacturas de esparto y palma, cuerdas, cerámica, madera, carbón, sal, etc. Los mercaderes catalanes se quejan ante el rey para que éste solicite un arbitraje, y la tensión no desaparecerá hasta que Felipe IV de Francia (en 1305) prohíba la exportación de paños crudos y lanas, mercancía buscada por los catalanes, que pierde interés en esta zona comercial.
El monarca mallorquín intenta romper la dependencia respecto a la Corona y afianzar su autoridad creando, a comienzos del XIV, una moneda propia, el real mallorquín; adopta medidas para crear una industria lanera de calidad; reorganiza el mundo rural para un mayor autoabastecimiento y eliminar la dependencia exterior; en 1302 reforma la lezda con fin proteccionista: se aumentan las tasas aduaneras para las importaciones y exportaciones hechas por mercaderes no baleares, se suprimen las exenciones fiscales a los extranjeros y se favorece el comercio exterior creando consulados en el N. de África independientes de los catalanes. Los mercaderes catalanes serán defendidos por Barcelona y Valencia que exigen al rey aragonés medidas, envían a Mallorca embajadores logrando una entrevista entre los reyes y declaran el boicot comercial al archipiélago; la medida sólo habría servido para que productos y mercaderes catalanes fueran sustituidos por italianos si el boicot no se hubiese acompañado de la guerra del corso, la confiscación de naves y mercancías insulares hasta conseguir la anulación de la lezda para productos y mercaderes de la Corona.
Las reformas emprendidas por Jaime II, junto a obras militares (reformas y fortificaciones de castillos y residencias) suponen un gran gasto que coincide con la reducción de los ingresos por la presión de mercaderes catalanes y circunstancias meteorológicas que provocan escasez y subidas de precios en artículos de primera necesidad y el endeudamiento de la población a pesar de las disposiciones del monarca regulando el tráfico y el precio de estos artículos, limitando el gasto con leyes suntuarias y facilitando la llegada al mercado de lo producido en la isla. Pero Mallorca fue incapaz de superar la crisis, entrando en un período de decadencia que explica la anexión del Reino a la Corona de Aragón; el tráfico comercial disminuyó entre 1329 y 1343, la ciudad de Mallorca perdió más de 6000 habitantes sobre un total de 27.000. Por todo ello no extraña que los mallorquines no ofrecieran resistencia a las tropas de Pedro el Ceremonioso que ocupó la isla en 1343 - el Reino en 1349 - y pusiera fin a la independencia de Mallorca iniciada a la muerte de Jaime I en 1276 e interrumpida entre 1285 y 1298.

CIUDADANOS Y FORÁNEOS

A los problemas económicos se añaden los políticos por la oposición entre la Ciudad y las Villas de Mallorca, manifestada en el momento de la conquista de la isla por Pedro el Franco en 1285: sólo la parte foránea, los campesinos resistieron mientras que artesanos y mercaderes de la Ciudad negociaron la rendición, e igual sucede en 1343. El distinto planteamiento no se debe sólo a diferencias económicas (comercio y artesanía en la Ciudad y agricultura en las Villas) sino por el malestar de los campesinos ante el control del territorio que los ciudadanos pretenden ejercer a través del "Consell" creado en 1249: en 61 puede haber representantes del campesinado pero esta presencia es más bien honorífica pues las Villas no están presentes en el Consell restringido, donde se toman las decisiones, ni intervienen en la gestión económica a pesar de que se crean impuestos que han de pagar las Villas y en ocasiones se las obliga a contribuir en la reparación de los perjuicios causados a los mercaderes de la Ciudad.
La reorganización de las Villas iniciada por Jaime II da a éstas mayor cohesión y fuerza manifestada en la sentencia arbitral del rey Sancho de Mallorca en 1315: la Ciudad pagará sus gastos específicos y las Villas contribuirán con un tercio de los gastos comunes (tienen un tercio del potencial económico) y podrán controlar la gestión económica enviando cuatro prohombres o síndicos a la toma de cuentas; cada villa tendrá dos representantes en el Consell amplio y la parte foránea designará diez síndicos sin cuya conformidad no tendrán validez las ordenanzas que afecten a las Villas.
La anexión a la Corona coincide con un recrudecimiento en la guerra del corso y con la aparición de la Peste Negra, que afectó a 10.000 habitantes de un total de 60.000; el mayor número de bajas se produce en las Villas, al emigrar sus pobladores a la Ciudad donde fijaron su residencia pasada la Peste, uno de sus efectos es la reforma del Consell en 1351 para dar entrada a los menestrales, que igualaran en número a los representantes de ciudadanos, mercaderes y caballeros tanto en el Consejo General (consell plener de dins i de fora) como en su comisión delegada o Consejo restringido (Consell secret).
En esta reforma no se alude a los foráneos ignorando sus protestas contra los impuestos así como las peticiones para que cada villa elija a sus representantes en el Consejo - los designan los jurados de la Ciudad - o para que se tenga en cuenta la diferencia de habitantes entre las villas, cada uno tiene dos representantes tengan muchos o pocos habitantes (Inca 4.000 y Calviá 70). Las peticiones de las villas serán atendidas por Pedro el Ceremonioso que termina con algunos abusos de la Ciudad. las Villas debían abastecer de alimentos a la Ciudad quedando los centros rurales desabastecidos en poca de escasez. En 1358 el rey dispone que no se obligue a los foráneos a llevar alimentos a la Ciudad, salvo en caso de guerra e incluso en esta circunstancia se dejarán suficientes provisiones para los habitantes de las Villas. El privilegio queda sin valor al recordar los ciudadanos que la carta municipal de 1249 encomendaba a los jurados de la Ciudad la administración del Reino dejando en sus manos el abastecimiento de la Ciudad enviando a las Villas personas que hiciesen el inventario de los alimentos y, según estos informes, los jurados deciden lo que se ha de llevar a la Ciudad. En 1347 dictó sentencia arbitral Pedro el Ceremonioso: la averiguación de los víveres correspondería a una comisión mixta de ciudadanos y foráneos que se encargara de decidir la parte destinada al abastecimiento urbano teniendo en cuenta que en primer lugar deberán destinarse a este consumo los alimentos procedentes de fincas de ciudadanos.
La sentencia de 1374 esta en un amplio proceso de recuperación de los derechos foráneos, olvidados por la Ciudad cuando, durante la guerra con Castilla, se trata de hacer frente proporcionalmente a los gastos o al reparto de los ingresos. En 1372 una delegación foránea logra que Pedro el Ceremonioso recordara que las Villas tengan derecho a un tercio de los ingresos municipales insulares, que serían valorados tras revisar las cuentas de los últimos trece años; esta revisión interesaba a la Corona que podría recuperar 25.000 libras de deudas no cobradas por negligencias de los administradores, e interesaba a los foráneos: si las Villas contribuyen a los gastos de la Ciudad en un tercio, ésta deberá aportar dos tercios de las 100.000 libras gastadas por las villas en la fortificación de Alcudia.
Más importante que el reconocimiento de la proporcionalidad es conseguir la independencia de las Villas en sus asuntos, sometidos tradicionalmente al control de los jurados de la Ciudad: en adelante ni jurados de las Villas ni los síndicos rendirán cuentas ante los jurados de la Ciudad en lo relativo a fondos o a comunidad foránea. La medida se extiende a los funcionarios reales prohibiéndose a bailles y a escribanos manejar los fondos municipales, reservado a los depositarios de cada Villa. Los oficiales del rey no podrán elevar las multas por encima de lo señalado en las ordenanzas municipales.

CRISIS ECONÓMICA Y REFORMA DEL CONSEJO GENERAL

Los privilegios foráneos han sido fruto de embajadas a través de las cuales la Corte conoció los problemas mallorquines, cuya solución se encomienda a Berenguer de Abella, encargado de sanear las finanzas del reino mallorquín que afrontó sus compromisos con la emisión de deuda pública por valor de 300.000 libras. En 1372, los intereses de la deuda ascienden a 30.000 libras - equivalente al 90% de los ingresos de Mallorca - con el agravante de que gran parte de los acreedores son de fuera del reino, barceloneses que no vuelven a poner en circulación en el Reino las rentas cobradas.
Abella se propone reducir el gasto público, fiscalizar las cuentas de la administración y amortizar la deuda en diez años; para ello reduce salarios y gastos (de 3058 a 800 libras anuales), limitar la inversión sólo a lo absolutamente necesario (murallas y puertos), reducir a dos los representantes del Reino enviados a la Corte o en misión oficial; designar una comisión reducida de oidores de cuentas (dos ciudadanos y un foráneo), vigilar los arrendamientos de impuestos, exigir a los jurados informes anuales con balance de su gestión; reducción de intereses de violarios y censales.
Los ciudadanos se oponen al plan de Abella dilatando su aplicación a través del Consell, y pretextando falta de agilidad del Consell se reducen sus miembros de 250 (184 la Ciudad y 66 las Villas) a 139 (100 de la Ciudad y 39 de las Villas). Las más populosas tendrían dos consejeros y las restantes un sindico. Todos serían nombrados con carácter vitalicio por el rey, asegurándose la fidelidad de los consejeros y dejando en la práctica el Reino en manos del gobernador Olf de Prócida y de Berenguer de Abella. Se salva la independencia del Consejo y la letra del Privilegio de Franqueza, que reserva la elección de los consejeros a los jurados de la Ciudad y de las Villas, disponiendo que los jurados elegirán a los designados por el monarca.
El plan de Abella no resolvió los problemas económicos, agravados por la sequía, por rebrotes de peste que obligaron a conceder moratorias en el pago de impuestos de los foráneos y por la exigencia de ayuda para la defensa de Cerdeña y para la construcción naval como defensa de ataques corsarios norteafricanos. Como en Barcelona, los menestrales de la Ciudad consideran que sus derechos no están defendidos por el Consejo y aspiran a mayor control político par resolver sus problemas económicos, su postura es apoyada por los foráneos que intentan que se revisen las cuentas. La tensión crece al final del XIV y Álvaro Santa María define la situación como catastrófica: robos, asesinatos, quiebras fraudulentas, corrupción de procuradores y notarios; integrando un cuadro de malas costumbres.
En esta situación llega la noticia de los ataques a barrios judíos en las ciudades peninsulares. Foráneos y menestrales desahogan su odio hacia los judíos, instrumento de los dirigentes de la ciudad, destruyendo el barrio de Palma y las viviendas de ciudadanos acusados de fraude en el manejo de fondos públicos. Los ejércitos foráneos cercaron la Ciudad, levantándose el asedio cuando el gobernador aceptó las peticiones para "democratizar" el Consell y sanear la administración del Reino: El Consell pasaría a tener 124 miembros, 84 de la Ciudad (12 caballeros, 24 ciudadanos, 24 mercaderes y notarios y 24 menestrales) y 40 foráneos que, con el apoyo de los menestrales podrían evitar el control ciudadano al exigirse mayoría de dos tercios en cuestiones de interés común.
Un gerente que no podría ser mallorquín sino catalán, se encargaría de sanear la administración y actuaría con poderes absolutos en los cinco amos de su mandato. Pese a estas medidas la economía mallorquina no se recupera y en 1405 se produce la quiebra de las finanzas del Reino. Los intereses de la deuda pública superan a los ingresos , y los acreedores cobran mediante embargos que imposibilitan la vida comercial. En este año se firma el Contrato Santo por el que se crea una junta administradora formada por censalistas y acreedores que centralizan lo recaudado y realizan los pagos: primero a los acreedores catalanes, mayoría, y, si es posible, a los mallorquines.

DE CASPE A LA Sublevación FORÁNEA

La dependencia mallorquina respecto a Cataluña es clara en lo económico y en lo político sobre todo en el interregno a la muerte de Martín el Humano. Los mallorquines son parte interesada en la sucesión. Reciben en septiembre de 1409 y en enero de 1410 dos cartas de Martín el Humano; en la primera comunica su matrimonio con Margarita de Prades, en la segunda pide al Consejo General que le envíe personas de todos los estamentos para aconsejarle sobre el derecho de sucesión. Tres de los candidatos se dirigen a los mallorquines pidiendo apoyo a su causa y el Consejo enviará una delegación a la Península que permanece más de siete meses, aunque en ningún momento se tiene en cuenta la opinión de los mallorquines a los que llega el rumor de que Mallorca no será reino sino parte del Principado.
Los embajadores mallorquines presentan ante el Parlamento catalán un escrito preguntando si consideran a Mallorca reino unido a los demás reinos, y si estiman que sus representantes deben ser admitidos en los actos de la sucesión en igualdad con los demás territorios. La respuesta no llegó y el arzobispo de Tarragona convenció a los mallorquines para que retiraran el escrito y permitieran que el notario lo quemara. El Parlamento aragonés reunido en Alcañiz prescinde de los mallorquines y crea una comisión de 9 personas (3 aragoneses, 3 catalanes y 3 valencianos), y no se atiende la propuesta mallorquina de 12 personas (incluir 3 de Mallorca) o la comisión de 8 personas (3 catalanes, 3 aragoneses, 1 valenciano y 1 mallorquín); se responde que los embajadores deberán obtener consentimiento del Consejo General y mientras llega la respuesta la comisión seguirá trabajando en Caspe sin esperar la contestación de Mallorca.
Mientras los mallorquines hacen valer sus derechos, los problemas económicos se agudizan y el reino carece de fondos para las necesidades más urgentes; caballeros, ciudadanos y mercaderes piden el aumento de los impuestos indirectos y menestrales y foráneos piden que se cobre una talla, impuesto directo y personal, y cuando se llega a un acuerdo para recargar los derechos sobre tejidos, vino, vinagre, cautivos y censales y se consigue que el mercader Parera adelante las 12.500 libras que se espera recaudar, los acreedores barceloneses impugnan el acuerdo porque se dejaría la administración de los ingresos a Parera por ocho años, que emitiría nueva deuda retrasando la percepción de los intereses de los acreedores catalanes.
Nuevos recargos en 1418, obligación de foráneos de vender carneros al precio fijado por un carnicero de la Ciudad, persistencia de mala administración o la sospecha de que dirigentes se benefician del control del Consejo son síntomas de la crisis económica y de la oposición Ciudad- Villas que se agrava en 1424 al discutirse el reparto de las 25.000 libras que cuesta acondicionar la defensa de la isla: el Consejo ordena el reparto proporcional a los bienes de cada mallorquín y la Ciudad dice que el reparto ha de ser global, las Villas entienden que deben pagar un tercio distribuido entre los foráneos pues consideran que la distribución general quedaría en manos de los administradores del Consejo, con mayoría urbana, mala gestión y parcialidad al tolerar quiebras fraudulentas o eximir del pago a familiares. No sirvió la presión del Gobernador, que encarceló a síndicos foráneos; éstos se mantuvieron firmes y repartieron la talla entre las Villas.
La tensión Ciudad-Villas impidió reunir el dinero para la defensa del reino y el Consejo suspendió el pago de rentas a censalistas catalanes durante seis aros. El contrato Santo se revisa en 1431: los acreedores aceptaban un descenso en los intereses y los catalanes cobrarían el 4,9 en lugar del 5,9, los mallorquines reducen sus ingresos al 3,3. En adelante los impuestos de Mallorca se dedican al pago de pensiones y a la amortización de censales. La administración la llevan tesoreros del reino que rinden cuentas a la Junta de acreedores catalanes. El orden sería: primero pensiones de los censalistas catalanes, la amortización anual de un mínimo de 10.000 florines, pensiones de censalistas mallorquines, gastos ordinarios hasta 5.000 libras, y si hay excedente se amortiza a los censales catalanes.
La política mediterránea de Alfonso el magnánimo exigió nuevos sacrificios a los mallorquines y causó la gran revuelta foránea a mediados del XV. Se pretendía cobrar un impuesto sobre los bienes de realengo de los eclesiásticos y revisando los derechos de propiedad de los campesinos: quienes no tuvieran títulos justificativos perderían las tierras, cedidas de nuevo a precios elevados. Esto era frecuente, pero también se llegaba a un acuerdo con los procuradores del rey renunciando a la revisión a cambio de una cantidad; en esta ocasión no se negoció agravándose el malestar por la predicación de clérigos que se negaron a pagar por sus tierras. Al mismo tiempo, la monarquía se enfrentó al gremio de los "pelaires' al prohibir a sus miembros cobrar por cada pieza de tela llevada al secador. Menestrales y foráneos responsabilizaron a los ciudadanos acusándoles de malversación lo que impedía al rey obtener dinero por procedimientos normales.
Alfonso el Magnánimo ordenó que se examinaran las reclamaciones por la mala administración y que de ser ciertas las acusaciones se tomaran las medidas oportunas, y para evitar la radicalización de menestrales y foráneos ordenó revisar las cuentas del Reino desde 1405, desde la firma del Contrato Santo, nombrar un oidor de cuentas del grupo menestral, sustituir algunos impuestos indirectos (sobre pan y sal) por otros que gravaran a los más ricos y excluir de Los cargos del Consejo a los mercaderes que controlaban la importación de cereales para que no pudieran servirse de sus puestos para especular. La influencia de los Clérigos fue anulada al cesar el cobro del impuesto que les afectaba, y se acalló a los pelaires permitiéndoseles seguir cobrando el dinero por sus piezas de paño. Finalmente Alfonso concedió poderes absolutos al Gobernador Berenguer d'Olmos al que nombró su Lugarteniente para que pacificara los ánimos restituyendo a cada uno sus derechos, especialmente en el caso de los préstamos hechos por los ciudadanos a los campesinos foráneos.
Durante los meses de enfrentamiento Julio (1450 - enero 1451), los campesinos se negaron a contribuir en los impuestos normales, a permitir a los ciudadanos vender las cosechas de las tierras que tengan en las Villas y habían intentado anular los préstamos recibidos alegando que sólo se pagaba hasta que las rentas igualaran al capital. El Gobernador, aliado de los ciudadanos, condenó a los foráneos al pago de 2.000 libras anuales por "servidumbre perpetua irredimible". que fue rechazado por los foráneos que iniciaron de nuevo la revuelta y asediaron la Ciudad de acuerdo con algunos menestrales. El Gobernador fue destituido y el nuevo Lugarteniente apaciguó los ánimos oponiéndose a los ciudadanos, que pedían la disolución del Sindicato Foráneo, el mantenimiento del censo anual, la confiscación de los bienes de los rebeldes, pena de muerte para los que hubieran llevado, construido o vendido armas, prohibición de matrimonies entre foráneos y ciudadanos y la exclusión de los cargos políticos del Reino de los menestrales que se hubieran adherido al levantamiento. El monarca restableció la situación anterior corrigiendo las deficiencias que dieron origen a la revuelta y exigiendo las responsabilidades oportunas.
En mayo de 1454 Alfonso dictó sentencia concediendo un indulto general, excepto para los delitos de sangre, y manteniendo la organización tradicional del reino. Los foráneos tendrían que pagar los damos causados, pero obtuvieron la revisión de cuentas solicitada, y se comprometan a pagar 150.000 de multa entregada al rey como donativo. Los ciudadanos tendrían que pagar los gastos de la armada enviada por el rey para pacificar la isla.
La economía mallorquina se resintió después de tres amos de guerra abierta. Los campesinos tengan que pagar, además de la multa-donativo, las contribuciones atrasadas (100.000 libras), los damos causados (105.000) parte de los gastos de las tropas reales y los censos debidos a los acreedores de la ciudad. Estos pagos y cuatro amos de malas cosechas arruinaron a los campesinos que intentaron emigrar a la ciudad para no contribuir a los gastos y evitar los censos y multas. Tampoco la Ciudad, con la artesana y el comercio arruinados, pudo rehacerse durante algunos amos. Las tensiones se agravaron por el resurgimiento de las banderías en al campo y en la ciudad hasta la época de Fernando el Católico y resurgirán con Carlos V (germanías).
El levantamiento foráneo se relaciona con los conflictos entre buscaris y bigaris en Barcelona. Durante la revuelta se suprimió el pago de las pensiones a los acreedores de Barcelona que no dudaron en movilizar a los dirigentes de la ciudad para intervenir en Mallorca. Los buscaris protestan no por solidaridad con foráneos y menestrales, sino porque Barcelona realizaba unos gastos para enviar para enviar una expedición que pagarían todos y sólo favorecía a los censalistas pertenecientes a la Biga. La presión ejercida por los acreedores catalanes, que llegaron a embargar los bienes de los insulares, y en el caso de algunos eclesiásticos que llegaron al entredicho para defender sus intereses, pudo ser una de las causas de la tensión entre Barcelona y Mallorca, influyendo, junto a la poca consideración que el Reino merecía entre los dirigentes del Principado, en el apoyo de los mallorquines a Juan II en la guerra civil catalana. La primera medida fue suprimir el pago de pensiones , que fueron puestas a disposición de rey.
Tras la guerra resurgen las tensiones entre Mallorca y los acreedores catalanes, según las actas del Consejo del 9 de enero de 1478 reunido sobre la conveniencia de una embajada al rey para defender los intereses del Reino en el pleito con Pere des Catilar y otros acreedores de Barcelona. Tras la votación se elige embajador, se nombra una comisión que redacte las instrucciones para el enviado del Reino y se acuerda cobrar una talla de 2.650 a 3.000 libras para pagar gastos realizados, los que  deriven de la embajada, y defender el Reino amenazado por la flota que manda Colón, corsario   del rey de Francia. La distribución de las 3.000 libras reaviva las discusiones Ciudad-Villas y como en otras ocasiones se abren las puertas de la sala para que la abandonen los foráneos por que "en el Consejo propio de la Ciudad se iban a proponer algunas cosas contra la parte foránea", que se niega al compromiso de pagar un tercio de los gastos, considera que no debe contribuir en algunos, y piensa que con los foráneos deben contribuir los ciudadanos que tienen sierras en las Villas.
Cuatro meses después, la comisión había redactado las instrucciones pertinentes y las entregaba al embajador elegido, que se basa en ellas para exponer al monarca las necesidades del Reino, agobiado de problemas en los últimos años por la guerra de Barcelona, las sequías y las mortandades y que han puesto a los habitantes del Reino en gran necesidad : a los militares y ciudadanos que viven de sus censales porque no cobran intereses desde hace seis amos, a los mercaderes porque no pueden comprar ni vender, a los menestrales porque viven de los que ganan de los hombres de condición. La gran pobreza hace que lancen gritos y gemidos llamando la atención cada vez que se pretende cobrar una nueva talla.
Como remedio, se pedirá al rey que autorice pagar los censales de los catalanes en la Ciudad de Mallorca y no en el principado, que dé la razón a Mallorca frente a las reclamaciones de Pere Catilar y lo condene al pago de las costas, que ponga fin a la impunidad de delincuentes, que obligue a los que tienen feudos y caballerías a tener armados y dispuestos los caballos correspondientes para la defensa del Reino, que obligue a pagar en la Ciudad a todas las galeras como en Barcelona, que anule los privilegios de los compradores de diezmos eclesiásticos y reales y haga que paguen los derechos correspondientes, autorice la acuñación de moneda de plata. Tras la explicación se ofrecerá al rey 2.000 florines de oro al tiempo que le pide se compadezca del Reino, destruido por las peticiones de donativos para el rey y por el pago de los censales barceloneses.

Caballeros, ciudadanos, mercaderes, menestrales, campesinos

Las instrucciones dadas al embajador Jaume Muntayans definen los grupos sociales de la Ciudad: militares o caballeros y ciudadanos o ciudadanos honrados que viven de sus censales; mercaderes con actividad comercial, y menestrales que trabajan manualmente. Distintos y enfrentados entre sí, todos son ciudadanos (residen en la ciudad) término que sirve para diferenciarlos de quienes viven fuera de la Ciudad, de los habitantes de las Villas, foráneos y, por su actividad, payeses aunque también en las Villas existan menestrales que se sienten marginados del gobierno de sus municipios V luchan para que la organización política refleje la realidad y económica pues junto a la clasificación por actividad y residencia los mallorquines están divididos en manos: mayor, mediana y menor, de sentido económico.
Los reinos que incorpora Jaime I a la Corona reciben estatutos semejantes: en 1245 el rey otorga el fuero valenciano y más tarde con algunas variantes a la Ciudad de Mallorca que será regida por seis jurados de los que al menos uno será caballero; estos jurados eligen consejeros cuyo número y estamento deciden los jurados; juntos consejeros y jurados eligen cada 24 de diciembre a los nuevos jurados.
Al ir diferenciándose la población, se modifica el estatuto para adaptarlo a las nuevas realidades. En 1278 se dispone que los jurados valencianos sean dos de cada mano (mayor, mediana y menor), siete amos después Alfonso el Franco de Aragón, rey de Mallorca dispone para la Ciudad que entre los cien consejeros haya representantes de las tres manos y maestros de los gremios, dirigentes de los menestrales; En apariencia se respeta la autonomía municipal, pero los jurados, ahora llamados cónsules, son nombrados con el beneplácito del procurador del rey que así controla el municipio. En 1298, Jaime II de Mallorca refuerza la intervención real para controlar un reino que se le ha escapado de las manos en los diez últimos años, y dispone que los seis jurados sean elegidos por el rey o su lugarteniente y aunque los jurados pueden elegir a los consejeros, lo harán con el consentimiento del lugarteniente, necesario también para imponer y cobrar impuestos, realizar demandas judiciales, elaborar reglamentos, etc.
La consolidación de la monarquía mallorquina implica la supresión del intervencionismo real, la vuelta al estatuto de 1249, y el reconocimiento de la personalidad de las Villas de Mallorca, pues hasta ahora sólo se había legislado sobre la Ciudad, considerada único municipio cuya área territorial abarca la isla entera, como la Villa-Castillo de Ibiza o Ciudadela. La importancia creciente de las Villas se refleja en la organización municipal siguiendo el modelo de la Ciudad. Los concejos de las Villas se vinculan entre si a través del "Consell del Sindicat de Fora" formado por dos representantes de cada parroquia, y de su comisión ejecutiva o "Consell de sindica forans" formado por diez síndicos. La vinculación con la Ciudad se hace a través del "Gran i General Consell" antes mencionado. En ocasiones las alianzas se dan para quienes viven de su trabajo (foráneos, menestrales y mercaderes) y los rentistas (caballeros y ciudadanos). De un informe enviado entre 1415-1418 se desprende que la isla esta dividida en dos partidas: Mallorquina y Aragonesa, los de la primera (mercaderes, menestrales, etc.) no son partidarios de ayudar al rey, apareciendo como pobres, logrando tener ellos el control; en la segunda están los caballeros, ciudadanos y algunos mercaderes.
La tensión política Ciudad-Villas está unida a las dificultades económicas, deficitario desde la conquista de productos agrícolas y ganaderos, compensando sus carencias con un activo comercio de exportación de los escasos excedentes agrarios (higos y aceite), de la producción de menestrales (textiles) y mercancías ajenas transportadas por mallorquines. Si el comercio se dificulta escasean los productos de primera necesidad, suben los precios y se agravan las tensiones, al reclamar la Ciudad los productos de la Villas. La búsqueda de soluciones llevó a Jaime II, a tomar medidas para aumentar la población rural y la producción agraria creando 14 pueblas de 100 pobladores en villas ya existentes (Manacor, Felanitx, Algaida.), en suelos despoblados pero fértiles (Sa Pobla, San Juan de Sineu) o en zonas de interés estratégico (Torre d'en Miquel Numis).
Cada poblador recibe un solar, tierras de cereal, viñedo y huertos, monte para pasto. En el caso de artesanos, el solar para la casa y huerto, dándose "créditos" para la construcción; el beneficiado se comprometía a devolverlo en cuatro amos. El nuevo poblador recibe una moratoria de tres amos en el pago, excepto si se trata de salarios, arras, donaciones a menores, deudas, y a cambio se compromete a permanecer en la puebla seis años, pasados los cuales lo puede vender a otra persona que se comprometa a residir en el lugar.
Más tarde, Jaime extiende el sistema a la isla de Menorca, despoblada tras la ocupación de 1287, crea la puebla de Alayor, Castell-Maó, Mercadel y Ferrerías e instala caballeros para la defensa que se comprometen a mantener un caballo y a tener en cultivo la caballería, tierra dada para el cumplimiento del servicio militar. Estas medidas se acompañaron de la reducción del gasto privado mediante leyes suntuarias, fijación de precios y salarios, protección de la artesanía y de los menestrales y reactivación del comercio. Estas medidas posibilitan una expansión económica que termina en 1343, con la ocupación del Reino por Pedro el Ceremonioso de Aragón.
Las mortandades del XIV, las guerras con Génova y Castilla, el aumento del corsarismo agudizan los problemas económicos y las tensiones en el Consell mallorquín desembocando en el asalto al barrio judío en 1391 o el levantamiento foráneo de 1450. Los problemas se agravaron por la emigración de campesinos a la Ciudad, la ruina de los rentistas que no compran a los menestrales, a pesar de los cual los mallorquines ayudan a Juan 11 en la guerra catalana. El endeudamiento es tal que al llegar Fernando el Católico, en 1479, los ingresos del reino ascendían a 40.000 libras y los gastos a 45.000. El déficit se cubre con deuda pública cuyos intereses aumentan los gastos ordinarios.
Los intentos de poner remedio se acogen pasivamente, se forman comisiones que no sirven de nada hasta la aprobación de la Pragmática de Granada (26-8-1499) para intentar reducir las deudas del Reino y aumentar los ingresos: se cobrarían los atrasos de manera rápida buscando el entendimiento con el deudor, y se buscará el incremento de los ingresos subastando su arrendamiento a quien más ofrezca y dé garantías; de no encontrarse personas convenientes realizarán el cobro personas designadas por los jurados y tesoreros y el pago se hará en un plazo máximo de 15 meses en la Ciudad y de 2 aros en las Villas. Los deudores son habilitados para ejercer oficios reales o concejiles.
Se garantizan mayores ingresos con un control riguroso de los impuestos sobre el vino, aceite, paños y la sal, y el Reino se obliga a amortizar los censos: cada año se amortizan por valor de 8.000 libras obtenidas de un impuesto sobre las mercancías; de la disminución del 20% en las pensiones de los censalistas se consiguen 3.000 libras; una aportación de 1.000 libras con cargo a los ingresos ordinarios y una talla anual de 3.000 completarán la cantidad para amortizar censales.
Se hará una lista de los censales pendientes de amortización, de los de Barcelona y Cataluña como de los acreedores mallorquines, para ello se necesitan personas competentes y de confianza. El rey ordena una nueva insaculación para proveer los cargos de jurados, tesoreros, contadores, abogados, escribanos, elegidos entre personas de confianza del rey. El Reino entra en al Edad Moderna con semejantes problemas que tuvo a finales de la Edad Media.




Contenido
» Revolución de 1820

» Revolución de 1830

» Revolución de 1848

» 1872-1878. Alianza Alemania, Rusia y Austria-Hungría

» 1879-1887. Alianza Alemania y Austria-Hungría

» 1887-1888. Alianza Alemania y Rusia
» Guillermo II

» El asesinato de Sarajevo

» Congreso de Viena

» Congreso de Aquisgran




 
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