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Deber general de seguridad del empresario

La LPRL abre las obligaciones y derechos decantándose expresamente respecto al deber de seguridad que tiene el empresario (art. 14).

   Obliga al empresario a adoptar cualquier método que tenga a su disposición para cumplir con el deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores con cuantas medidas sean necesarias..

   El deber general de seguridad del empresario tiene dos características:

      •    Es un deber de seguridad abierto.  Implica que el empresario está obligado a someterse al imperio de la LPRL, a cualquier precepto que indirecta o directamente esté relacionado con dicha Ley y el sector productivo del que se trate.  El empleador queda constreñido por la obligación de un Bonus Pater, subsanando las carencias que se produzcan, solventando el riesgo o minimizándolo.

 

      •    Deber de seguridad de carácter dinámico.  El deber de seguridad es permanente durante todo el tiempo que dure la contratación, se han de prever todos los riesgos que se produzcan durante la prestación laboral.

   Además de estas dos condiciones, el deber general de seguridad del empresario tiene que ir acompañado de una serie de máximas.  Art. 15 LPRL. Principios de la acción preventiva:

      • Evitar los riesgos mediante las medidas de seguridad.

 

      • Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
      • Combatir los riesgos en su origen, antes de que se desarrollen.

 

      • Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Para ello, el empresario deberá conocer las actitudes psicofísicas y capacitación profesional del trabajador, proporcionando los equipos de trabajo adecuados en función de ambas circunstancias.
      • Tener en cuenta la evolución de la técnica y los nuevos riesgos.

 

      •   Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro..
      • Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

 

      • Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
      •   Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. En la Ley se canaliza a través de dos vías: información y formación.  A través de una y otra, el contenido tiene que ser formación e información sobre riesgos generales, específicos y mecanismos de protección, que pone el empresario para hacer frente a los riesgos generales y específicos.

 

   Además, La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.  Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas seguras (art. 15. 4. LPRL).

   Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal (art. 15. 5 LPRL).  De esta manera, se cubre la responsabilidad civil, pero no la responsabilidad sancionadora ni la administrativa.

   El deber de seguridad del empresario es desglosado por el legislador en varias obligaciones básicas :

  • Evaluar los riesgos (art. 16 ) – Implica determinados aspectos: evaluación de los riesgos generales y particulares de la actividad productiva, así como los riesgos iniciales y periódicos que surjan durante la contratación ; detección de los riesgos que puedan generarse como consecuencia de la utilización de los equipos de trabajo o por las materias primas..

 

  • Adopción de medidas (art. 16 ) – El empresario adoptará nuevas medidas preventivas en caso de que las anteriores hayan cambiado o que se hayan producido daños, siendo necesario su cambio.

   El empresario al evaluar los riesgos puede optar por dos vías:

    • Realizar controles periódicos de los posibles riesgos que puedan presentarse.

 

    • Rectificar el plan preventivo que tenía dentro de la empresa.

   En la evaluación de riesgos, el empresario es el que formalmente tiene que responder de esa evaluación de prevención de riesgos.

   El servicio de prevención, en sentido técnico, es el que lleva a cabo la evaluación de riesgos, que es el cuerpo técnico de la empresa.

   La responsabilidad administrativa es del servicio de prevención.

   La responsabilidad civil recae sobre el empresario.

   La evaluación de riesgos era regulada, en un principio, en la LPRL en su artículo 6.  Entre esas materias, la Ley preveía la creación de un modelo oficial que siguieran todas las empresas, sin perjuicio de que éstas pudieran añadir un plus según sus riesgos.  En realidad, al no existir una regulación oficial, los servicios de prevención realizan sus evaluaciones de riesgos de la manera que creen más conveniente.

  • Proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo y medios de protección adecuados (art. 17) – éstos han de ser adecuados para el trabajador. 

   Este artículo se refiere a equipos de trabajo en sentido estricto y equipos de trabajo de protección individual.  En el artículo 4 se definen los equipos de trabajo y de protección individual.

   El equipo de trabajo sería cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.  El legislador exige que sean adecuados al trabajador, teniendo en cuenta las actitudes psicofísicas y profesionales del trabajador.

   El trabajador tiene que llegar a hacer uso efectivo de esos equipos de trabajo.  En la Jurisprudencia aparece la culpa In Vigilando : culpa que tiene el empresario cuando no vela porque el trabajador haga un uso efectivo de los equipos de trabajo.  Hay que realizar un seguimiento de los riesgos.

   La culpa In Vigilando se mide por parámetros objetivos.  A fin de cuentas, la determinación de esa culpa queda destinada a un ente subjetivo como es el Juez.

   También es de aplicación a los equipos de protección individual, que son cualquiera de los destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos, que pueden amenazar su salud o seguridad en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

   Dichos equipos son una protección subsidiaria.  El empresario está obligado a que el uso de ese equipo de protección individual sea de uso restringido.  Se usará sólo cuando sea necesario.

  • Información, Consulta y Participación de los Trabajadores (art. 18) – Se trata de una obligación que englobaría a las anteriores, que se canaliza a través de la participación y la consulta.

   El derecho de participación dentro de la empresa tiene que canalizarse a través de los representantes de los trabajadores.  Cuando no haya representantes de éstos, los no representados tienen derecho a la participación, sin embargo, la consulta sólo se refiere al colectivo.

   La información, si existen representantes, va del empresario a los representantes y de éstos a los trabajadores.  Si no los hay, el empresario informaría a los trabajadores.  Cabe la posibilidad de que, existiendo representación, el empresario informe directamente a ciertos trabajadores que precisen información de este tipo.

   Contenido de la información a la que se refiere el artículo 18 de la LPRL:

    • Riesgos generales que tiene esa actividad productiva.
    • Riesgos específicos.
    • Medidas de protección que el empresario va a poner a los trabajadores.
    • Medidas a tomar por parte de los trabajadores, cuando hay una situación de emergencia.

 

   La consulta es un derecho reconocido al colectivo de trabajadores, a sus representantes.  El empresario debe hacer consulta en todo aquello que concierne a los trabajadores sobre su seguridad y salud.

   Deben ser sometidos a consulta:

    • La planificación y organización de la actividad productiva e introducción de nuevas tecnologías.
    • La ejecución de la prevención dentro de la empresa (incluidos los sujetos designados para desarrollar las funciones preventivas dentro de la empresa).
    • La designación de las personas que se van a encargar de las situaciones de emergencia.
    • El procedimiento a través del cual se va a informar a los trabajadores.
    • La planificación y organización de la formación de los trabajadores en materia preventiva.

   El Estatuto de los Trabajadores establece que la consulta, por parte del empresario, es obligatoria, ya que, de no cumplirse, éste puede ser sancionado administrativamente (art. 95. 7.).

   Sin embargo, la obligación de consulta concluye en el momento en que el empresario hace la consulta formalmente.

   Cuando el empresario hace formalmente la consulta, hay 15 días para que los representantes expongan su opinión.  Convencionalmente, la opinión se emite a través de un informe escrito para que tenga validez.

  • Formación de los trabajadores (art. 19 ) – El legislador en este artículo distingue entre formación inicial y formación periódica :

 

    • formación ex ants – formación al tiempo de la contratación.
    • Formación ex post – una vez que el trabajador se halla contratado.

   La formación es teórica o práctica y tiene que ser suficiente o adecuada al tipo de riesgo que tenga la prestación.

   La formación no va a ser genérica, sino que versa sobre tres ejes:

    • Riesgos generales de la actividad productiva que tenga el centro de trabajo.

 

    • Riesgos específicos que tenga el puesto de trabajo concreto.
    • Medidas de prevención que el empresario va a poner al alcance del trabajador para ambos riesgos.

 

    • Formación de medidas de emergencia.

   Como apunta el artículo 19 de la LPRL, el coste de la formación corre a cargo de la empresa y nunca puede recaer sobre el trabajador.  Cualquier cláusula contractual que establezca lo contrario, será nula.

   Si se realizan los cursos de formación fuera de la jornada laboral, el empresario descontará las horas empleadas en ellos de la jornada laboral.

   El legislador faculta al servicio de prevención de la empresa para impartir la formación de los trabajadores, como señala el artículo 31, dentro de sus competencias,  pero también podrá concertarla con servicios ajenos.

  • Medidas de emergencia – A este respecto hace referencia el artículo 20, sobre la obligación del empresario de tener una planificación ante situaciones de emergencia, dentro de la empresa, debiendo tomar  medidas en situación de riesgo grave e inminente (art. 21). Aquí, el riesgo aun no se ha producido. 

  
   Cuando el riesgo se materializa en daño, la situación de riesgo grave e inminente se materializa en una situación de emergencia ( en éstas no existen daños personales ).

   Esta misma situación tiene otra particularidad: normalmente, produce un daño que puede afectar, no sólo a quienes se encuentran dentro del centro de trabajo, sino también a cualquiera que sea ajeno a la relación laboral.

   En realidad, el artículo 20 no define lo que debe entenderse como situación de emergencia.

   La doctrina científica intenta definirla como situación de riesgo grave e inminente que ha producido un siniestro, obligando al empresario a tomar medidas rápidas y eficaces de salvamento, evacuación, desalojo del centro de trabajo y primeros auxilios de los afectados.

   Las situaciones de emergencia del artículo 20 están relacionadas con el artículo 16 : obligación del empresario de evaluar los riesgos dentro de la empresa.  El empresario ha de evitar todos los riesgos que pueda.  Aquellos que no puedan ser evitados, deben ser afrontados mediante las situaciones de emergencia.

   El servicio de prevención, a la hora de planificar posibles riesgos ante estas situaciones, debe regirse, tanto por este artículo 20 como por otras normas como el RD 886 / 88 de 15 de julio referido a accidentes mayores, sobre todo en lo que respecta a riesgos que afecten a terceros ajenos a la empresa.

   El empresario, a través del servicio de prevención, debe elaborar un plan de emergencia interior en el que se incluirán las medidas adecuadas de prevención de riesgos, actuaciones ante situaciones de emergencia y actuaciones ante situaciones de alarma, socorro y evacuación.

  • Vigilancia de la salud – La vigilancia de la salud de los trabajadores aparece en el artículo 22.  Es la novedad que establece el legislador : carácter voluntario del reconocimiento del trabajador por parte de los servicios médicos.

 

   El legislador establece que, sin el consentimiento del trabajador, no se puede establecer el reconocimiento médico.  Hay tres excepciones que rompen la regla de la voluntariedad:

    • Existen actividades productivas en las que es necesario y obligado el reconocimiento médico, las que por su regulación específica así lo establezcan (laboratorios, minería, etc).  También cabe lo pactado en convenio colectivo.

 

    • Es obligatorio el reconocimiento médico cuando el empresario necesite saber el estado de salud del trabajador, con el fin de evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de éstos.
    • Cuando el reconocimiento médico sea necesario para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un riesgo para él mismo o para el resto de sus compañeros.

 

   Para que el empresario pueda hacer uso de estas dos excepciones, necesita previamente un informe al respecto de los representantes de los trabajadores.  Esto no impide a aquel que lleve a cabo el reconocimiento médico, ya que la opinión de los representantes no es vinculante.  Pero si el informe no es favorable, en caso de que el asunto llegue a la jurisdicción social se tendrá en cuenta.

   Los reconocimientos médicos se tienen que ajustar a una serie de pautas:

    • Personalizado.
    • Proporcional al riesgo que se pretende evitar.
    • Confidencial.
    • Las autoridades sanitarias, si lo creen necesario, podrán tener acceso a estos informes médicos.
    • El empresario tiene prohibido el acceso a los informes médicos, salvo que el trabajador no ponga objeción alguna.

 

   Sin embargo, el empleador sólo puede conocer los resultados del informe, no el informe en sí.  Le compete saber exclusivamente si el trabajador es apto o no.

   Estos reconocimientos corren también a cargo de la empresa,  su coste no puede recaer sobre el trabajador.  Así lo establece el artículo 196 de la LGSS.  El mismo artículo dispone que se priorizará su realización dentro de la jornada laboral.  En caso contrario, el tiempo empleado en ello se descontará del correspondiente a la jornada laboral.

   El personal capacitado para realizar los reconocimientos serán los médicos del servicio de prevención.

  • Obligación de documentación (art. 23) – El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores -  El no cumplir esta premisa, puede generar sanción grave del empresario - :

 

    • Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley (LPRL).
    • Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. 
    • Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley.
    • Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 
    • Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.  En estos casos, el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

El artículo 23. 3. dispone que El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

  • Obligación de coordinación y cooperación entre empresarios (art. 24) – Esta obligación se refiere a dos situaciones respecto a la actuación de varios empresarios en la aplicación de la normativa preventiva:

 

    • Trabajadores de distintas empresas en un mismo centro de trabajo (art. 24. 2.).
    • Contratas, subcontratas y empresa principal (art. 24. 3).

   En el supuesto de Trabajadores de distintas empresas en un mismo centro de trabajo, el legislador exige que haya una coordinación entre los distintos empresarios en torno a la aplicación de las medidas preventivas.  La iniciativa de coordinación tiene que partir del titular del centro de trabajo, pero las demás empresas han de colaborar con la empresa a la que pertenezca el centro de trabajo.  Asimismo, se precisa que por parte de ésta se informe adecuadamente sobre la materia al resto de las empresas, así como los términos acordados.

   En el supuesto de contratas y subcontratas con empresas que se dediquen a la misma actividad, la empresa principal ha de vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales.  Además, en estos casos, si se da un AT, la responsabilidad será solidaria.



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