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Servicios de prevención

   La obligatoriedad del servicio de prevención nace a partir de la LPRL/ 1995, artículos 30 y 31.  Son un primer acercamiento a lo que ha de ser un Servicio de Prevención.  El resto de la legislación sobre el tema se remite al RD 39/1997.

   El Legislador dice que el servicio de prevención es un conjunto de medios y unos materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los propios trabajadores, a los representantes de los trabajadores, unitarios y específicos.

   El Legislador obliga al empresario a que actúe para que el servicio de prevención tenga la capacidad, el tiempo, medios y suficiencia numérica para hacer frente a las atribuciones encomendadas en función de dos parámetros:

número de trabajadores.

peligrosidad de la actividad del centro de trabajo.

   Modalidades del Servicio de Prevención:

El empresario asume personalmente las funciones encomendadas por la LPRL.  Esta primera modalidad, al igual que la segunda, está diseñada para pequeñas y medianas empresas con una plantilla de entre 1 y 5 trabajadores, que, además, no se dediquen a  las actividades peligrosas relacionadas en el Anexo I del RD 39/97.  En caso contrario, esta empresa, aunque cumpliera el requisito del número de trabajadores, no podrá optar por esta modalidad de Servicio de Prevención.  Además, se exige formación preventiva, que será de 30 horas o 60 horas en actividades peligrosas (el nivel medio del especialista en prevención requiere de 300 horas, el superior son 600 horas).  Las únicas materias fuera del ámbito de un empresario que se acoge a esta modalidad, son las tareas médicas (aún teniendo superado un curso formativo a nivel superior).  Si los trabajadores solicitan reconocimientos médicos, el empresario los contratará, como un Servicio de Prevención Ajeno, modalidad que se puede simultanear con las demás, que es lo más frecuente.  Por último, el empresario ha de desarrollar de forma habitual su actividad en el centro de trabajo (art. 30 LPRL).

Designación de uno o varios trabajadores de la empresa.  Si el empresario descartara la primera posibilidad o si no se dieran los requisitos exigidos para poder desarrollarla, podrá elegir a uno o varios trabajadores de la empresa que ya posean formación preventiva o, en su defecto, formarlos para desempeñar esas tareas.  El Legislador exige poner a disposición de los trabajadores los recursos materiales (instalaciones, instrumentos, etc) precisos para llevar a cabo las tareas preventivas asignadas, así como el tiempo necesario para ello, simultaneando su actividad profesional con las tareas preventivas (art. 30 LPRL).

Servicio de Prevención propio o Interno (SPI) formado por trabajadores de la propia empresa.  A diferencia de la modalidad anterior, estos trabajadores se dedican exclusivamente a la tarea preventiva como actividad profesional.  Este servicio es obligatorio a partir de una plantilla de 500 trabajadores.  Debe estar constituido, como mínimo, por dos especialistas de los cinco posibles (médico, biólogo, ergónomo, químico y psicosociólogo).  Asimismo, en un censo de 250 trabajadores, cuya empresa se dedique a actividades especialmente peligrosas, será también obligatorio el disponer de este tipo de servicio.  Igualmente,  en empresas que no alcancen dicha plantilla y tampoco se dediquen a actividades especialmente peligrosas, pero que sufran una siniestralidad laboral por encima de lo normal, la Autoridad Laboral podrá obligarlas a poseer un servicio de prevención propio o interno.  Sin embargo, en este último caso, el Legislador concede la posibilidad de elegir entre crear uno propio o contratar un servicio de prevención ajeno.  En los dos casos anteriores, también se puede contratar un servicio ajeno.  Estos sujetos han de tener, también, recursos materiales, instalaciones, instrumentos necesarios para realizar pruebas, reconocimientos médicos, análisis y evaluaciones en relación a los riesgos que puedan existir dentro de la empresa.

Servicio de Prevención Externo (SPE).  El empresario puede contratar con una o varias empresas preventivas, dependiendo del riesgo que se pretenda cubrir.  Las empresas que trabajan con estos servicios pueden subcontratar servicios específicos con otras empresas.  El Legislador establece que el empresario podrá acudir a esta modalidad cuando opte por simultanearla con las anteriores o cuando exista un alto índice de siniestralidad.  Para constituir un servicio de prevención externo, se ha de contar con las cinco especialidades que van aparejados a los riesgos profesionales (físico, mecánico, químico, biológico y psicosociológico): ergónomo, higienista industrial, técnico en seguridad, psicosociólogo y médico.

b) Acreditación para actuar como SPE.
  
   El Legislador establece una serie de obligaciones para la creación y funcionamiento de un Servicio de Prevención Externo:

Pedir la aprobación provisional del Delegado Provincial de la Junta de Andalucía, como paso previo.  Una vez concedida, se tiene que solicitar la acreditación definitiva , pudiendo entonces iniciarse la actividad.

No mantener vinculación financiera o comercial con la empresa a la que se presta el servicio.

Antes de que el empresario opte por la concertación del servicio, los Delegados de Prevención han de tener conocimiento de ello.  Los representantes de los trabajadores han de ser consultados y emitir un informe.

El SPE ha de prestar las cinco especialidades ya mencionadas.  Sin embargo, la Ley permite que subcontrate con otra empresa distinta la prevención de un determinado riesgo, que la primera no pueda cubrir por falta de personal o maquinaria.

El acuerdo entre el SPE  y la empresa contratante ha de ser escrito, donde se identifiquen las dos partes contratantes y conste  el tipo de actividad o servicio que se va a prestar, así como los medios con los que se cuentan para ello.  Asimismo, tiempo de duración de la prestación del servicio y términos económicos del acuerdo.  Si el servicio fuera relativo a la vigilancia de la salud, se extraerá de la parte general.

Solicitud de inicio de la actividad como SPE.

   Se ha de presentar junto con la solicitud de aprobación provisional, ante el Delegado de Trabajo, un proyecto en el que constará:

los recursos humanos de los que se dispone, así como las cualificaciones con las que cuentan.

Recursos materiales.

Ámbito territorial, número de centros con los que se va a trabajar.

Un compromiso firmado por el empresario de suscripción de póliza de seguros, que no puede ser inferior a los 2 millones de pesetas.

Si hay intención de subcontratar algún servicio que no se pueda prestar, el servicio y la empresa que se va encargar de ello.

   El proyecto y la solicitud se registrarán y la Autoridad Laboral, en tres meses desde su presentación, darán una resolución que será estimatoria o desestimatoria (silencio negativo).  Desde el momento en que se dé resolución estimatoria, la empresa dispone de tres meses para materializar el proyecto.  En este momento es cuando hay que presentar:

    1. Contratos de personal debidamente formalizados.
    2. NIF.
    3. Código de cuenta de la Seguridad Social.
    4. Domicilio de la empresa.
    5. Póliza de seguros formalizada.
    6. Contratos que la empresa haya llevado a cabo con otras para que presten esos servicios concretos que ella no pueda dar.

   Una vez presentada la nueva documentación, la Autoridad Laboral tiene tres meses para ratificar la autorización provisional, convirtiéndose así ya en definitiva.

   La empresa deberá mantener las condiciones del modelo inicial del proyecto aprobado.  Si hubiera alguna modificación, se pondrá en conocimiento de la Autoridad Laboral.  En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia, existe un registro de empresas preventivas.

c) Las auditorías de los sistemas de prevención.
  
   La auditoría es un sistema de control encargado de examinar si las medidas de control de los sistemas de prevención se ajustan a la Ley.

   El SPE no precisa auditoría, ya que se ajustan plenamente al cometido de los servicios de prevención.

   Las otras tres modalidades no poseen control alguno sobre su adecuación a los riesgos de la empresa.  El Legislador entiende que, para controlarlos, se precisa de un sistema auditor para controlar la labor de estos servicios de prevención.

   Sólo cuando el empresario actúa como servicio de prevención, permite el Legislador que no se hagan auditorías, ya que:

    1. son empresas pequeñas.
    2. los riesgos son de pequeña intensidad.

   La empresa auditora, una persona física o jurídica, es un instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención dentro de la empresa, cuando ésta  haya optado por elegir cualquiera de las tres primeras modalidades, que refiere la legislación.

   Competencias:

comprobar cómo se ha realizado dentro de una empresa la evaluación de riesgos inicial y periódica que analiza los resultados.

comprobar que las actividades preventivas que se llevan a cabo en la empresa, se ajustan a la legislación vigente.

Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas y los recursos de los que dispone la empresa.

   El auditor no puede mantener vinculaciones financieras con la empresa a la que está auditando.

   El Legislador permite que pueda subcontratar con otras empresas auditoras.

   Para que estas empresas puedan funcionar como tales, precisan la autorización de la Autoridad Laboral.  Para ello, ha de presentar un proyecto junto a la solicitud.  Los plazos a seguir son los mismos que para los SPE’s.  La acreditación definitiva, asimismo, queda supeditada a la materialización del proyecto.



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