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Sentencia T.S.J. Cataluña 23-IX-03: ACCIDENTE DE TRABAJO "IN ITINERE". EXISTENCIA
Recurso: Recurso de Suplicación nº 1848/2003
Resumen:
Accidente de trabajo. Accidente "in itinere". Existencia. Corresponde a la parte demandada la carga de probar la ruptura del nexo causal. La conducción bajo los efectos del alcohol puede ser demostrativa de imprudencia simple, no necesariamente temeraria.

Contenido:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—Con fecha 9 de julio de 2002 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 14 de noviembre de 2002 que contenía el siguiente Fallo:
“Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, debo condenar y condeno solidariamente a los demandados ‘----------------’ y ‘---------. Seguros y Reaseguros’ a que abonen a los actores ------- el importe de -------- euros por los conceptos que se reclaman con la demanda.”
Segundo.—En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
“Primero. Los actores son padres del fallecido -------, de estado soltero, el cual prestaba sus servicios por cuenta de la empresa demandada, dedicada a la actividad de hostelería en el restaurante-sala de fiestas ------, desde el 11-4-2000, con la categoría profesional de jefe de comedor, y salario diario de ----- euros.
Segundo. El centro de trabajo de la empresa demandada se encuentra en ----, en tanto que el domicilio del fallecido se encontraba en ..., núm. ... de ---------.
Tercero. El día 16-3-2001 el hijo de los actores inició su jornada de trabajo que se prolongó hasta cerca de las tres horas de la madrugada del día 17-3-2001, y en la que se sirvió una cena a un colectivo de unos 90 comensales. El administrador de la empresa, ------, se fue del centro de trabajo sobre las 2 horas.
Cuarto. Sobre las 2.30 horas del 17-3-2001 abandonaron el restaurante los últimos comensales, quedando en el mismo el ------ y el -------, hijo del administrador de la empresa, y al concluir el cierre del restaurante trasladó el primero en su coche a éste último hasta su domicilio familiar, donde lo dejó para continuar hacia el propio.
Quinto. A las 5.05 horas del 17-3-2001 se recibió llamada telefónica el Área Regional de Tráfico de ---- - informando de un accidente de tráfico ocurrido en la N----- a la altura de ---- , en el cual perdió la vida el----- y al personarse la dotación correspondiente a las 5.08 horas ya se encontraba en el lugar una unidad de transporte sanitario.
Sexto. El examen de toxicología practicado al ----- reveló una concentración de 1,78 g/l. de alcohol etílico y menor a 0,02 ug/ml. de cocaína.
Séptimo. El convenio colectivo aplicable en hostelería establece que las empresas concertarán un seguro que garantice a los trabajadores la percepción por sí o por sus beneficiarios de una indemnización de 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros) en caso de fallecimiento en accidente de trabajo.
Octavo. La empresa demandada tiene concertado contrato de seguro con la aseguradora -----. Seguros y Reaseguros’ que cubre el riesgo de fallecimiento en accidente de trabajo con la indemnización de 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros), estando la misma en vigor el ------.
Noveno. Se intentó la conciliación administrativa previa entre las partes.”
Tercero.—Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación una de las partes codemandadas, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—Frente a la sentencia de instancia, que estimó la demanda formulada por la parte actora contra la demandada en reclamación de cantidad, interpone la Entidad aseguradora, ahora como recurrente, el presente recurso de suplicación en base a tres motivos. Los dos primeros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, tienen por objeto revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.
En el primer motivo interesa la recurrente la revisión del hecho probado sexto, ofreciendo la siguiente redacción: “El examen de toxicología practicado al ----- reveló las siguientes concentraciones: Alcohol etílico: 1,78 g/l; Cocaína: menor a 0,02 ug/ml; Benzoilecgonina: 0,006 ug/l; Éter metílico de ecgonina: menor 0,05 ug/ml; cafeína: 1,48 ug/ml. En la orina se detecta cocaína, benzoilecgonina y cafeína. Benzoilecgonina: metabólico de la cocaína. Éter metílico de la ecgonina: metabólico de la cocaína. Se ampara para ello la recurrente en el documento obrante en autos y foliado con el núm. 80 (examen de toxicología).
En el segundo motivo interesa la recurrente la siguiente adición al hecho probado quinto: “En el atestado de la policía obrante al folio 72 consta una relación circunstanciada del accidente, obtenida por diversas manifestaciones, y por los daños observados, las huellas y otros datos, de los cuales se dedujo que el accidente sobrevino de la forma que se da por transcrita por remisión a dicho atestado” . Se ampara para ello la recurrente en el documento obrante en autos y foliado con el núm. 72.
Ninguno de los dos motivos debe prosperar. No se aprecia error en la valoración de la prueba realizada por el Juzgador “ a quo” , de conformidad con lo previsto en los artículos 97.2 y siguientes de la LPL, en relación con el artículo 348 de la supletoria LEC, que justifiquen la modificación que se interesa.
Es al juzgador de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada para formar su convicción, con apreciación en sana crítica de todos los elementos probatorios. Y si llegó a una resolución fáctica, ésta debe prevalecer como norma general, sobre cualquier interpretación subjetiva o interesada, por lo que debe respetarse la establecida por el Juez “a quo” , a no ser que se demuestre palmariamente el error en que éste hubiese podido incurrir en su elección y que se acredite en todo caso que el error judicial se produjo de modo irrefutable y manifiesto. Y en el presente caso, no se ha producido el denunciado error judicial.
El Tribunal Constitucional, en sentencia 81/88 de 28 de abril, señala que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo “en conciencia y mediante una valoración conjunta” . Además, tal y como ha señalado esta Sala (y valgan por todas las sentencias de 22 y 29 de marzo y de 11 de noviembre de 1995; de 25 de abril, de 30 de octubre y de 9 de diciembre de 1996; de 26 de noviembre de 1997; de 2 y 30 de noviembre de 1998; y de 15 y 29 de enero de 1999): “sólo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, declaren claro error de hecho sufrido por el Juzgador en la apreciación de la prueba” .
En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia —que aprecia “los elementos de convicción” (artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones—, por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales” .
El primer motivo del recurso, consistente en revisar el hecho probado sexto, proponiendo que en el relato fáctico se incluya íntegramente el resultado del examen toxicológico, no puede prosperar, porque sus datos esenciales y relevantes (“concentración de 1,78 g/l de alcohol etílico y menor a 0,02 ug/ml de cocaína” ), ya fueron recogidos y transcritos en la sentencia, por lo que acreditada y declarada probada que existía la concentración en sangre de ambas sustancias en la indicada proporción, nada nuevo aporta y ninguna influencia puede tener en el fallo el hecho de que “en la orina se detecte cocaína, benzoilecgonina y cafeína” , por cuanto este hecho es una consecuencia lógica de la ingesta de las referidas sustancias, detectadas en el análisis de sangre y su presencia metabolizada en la orina viene a confirmar el hecho declarado probado por el juzgador con total precisión, al indicar y cuantificar su proporción en sangre, que es el dato auténticamente relevante para la calificación jurídica y verdaderamente trascendente del fallo.
El segundo motivo del recurso también debe rechazarse por las mismas razones que impiden la viabilidad del primero de ellos, puesto que “la relación circunstanciada del accidente que figura en el atestado policial” y que, por remisión al mismo, pretende añadir la recurrente al relato fáctico, tampoco aporta ningún dato relevante o que pueda influir en el fallo, resultando por tanto superflua su inclusión mediante adición al hecho quinto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, presenta la recurrente el tercer motivo del recurso, que tiene por objeto examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia por parte de la sentencia de instancia. Concretamente entiende la recurrente que la sentencia combatida infringe el artículo 115.2 de la LGSS, por los siguientes motivos:
En primer lugar porque las concentraciones de alcohol y de cocaína halladas en el informe del Instituto Nacional de Toxicología (folio núm. 80), no permiten calificar el accidente como “in itinere” , al no concurrir el requisito cronológico, que junto al tecnológico, topográfico y modal o mecánico, viene estableciendo la jurisprudencia para la configuración laboral del accidente “in itinere” . La circunstancia de que el trabajador ingiriera alcohol y drogas supondría a juicio de la recurrente una ruptura del nexo causal, dado que el trabajador interrumpió y prolongó su recorrido de regreso a casa por razones no necesarias y multiplicó las posibilidades de que ocurriera el riesgo innecesariamente.
En segundo lugar porque, según la recurrente, no cabe aplicar la presunción de laboralidad a los accidentes “in itinere” , correspondiendo al trabajador o a sus causahabientes, demostrar
que concurren los requisitos para su consideración como accidente de trabajo (STS de 16-11-1998). Esta carga probatoria suponía acreditar que las concentraciones de alcohol y de droga no influyeron en el riesgo y que el accidente se produjo en un momento cronológico dentro del recorrido normal y sin interrupciones alejadas de las necesarias, pruebas que no han tenido lugar por parte de la actora. Según la recurrente, la ingesta de alcohol y drogas hace presumir que el accidente tuvo lugar por influencia de las mismas. Y en cuanto al momento cronológico, la sola circunstancia de que el trabajador regresara a su casa no es motivo suficiente para calificar el accidente como de trabajo al haber mediado dos horas entre los tiempos que el actor dejó a su compañero en casa (las 03:30), y el momento en que se efectuó la llamada a la policía advirtiendo del accidente (las 05:05).
El motivo no puede prosperar. A pesar de denunciar formalmente la infracción del artículo 115.2 de la LGSS, realmente se está denunciando (aunque no se invoque expresamente), la infracción del artículo 115.4.b) de dicho precepto, que impide la consideración de accidente de trabajo a los que “sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado” . Dicho esto, interesa analizar separadamente cada uno de las dos pretensiones esgrimidas en este tercer motivo del recurso.
Respecto a las concentraciones de alcohol y cocaína (primero de los argumentos de este segundo motivo), la aseguradora recurrente sugiere la incidencia que pudo tener en el accidente padecido por el trabajador, los resultados ofrecidos por el examen de toxicología practicado al accidentado, que como se deja establecido, ofreció una concentración de 1,78 g/l de alcohol etílico y menor a 0,02 ug/ml de cocaína.
Tal alegación, sin embargo, no revela un supuesto de imprudencia temeraria a los que se refiere el artículo 115.4.b) de la LGSS para excluir la calificación del accidente en el trayecto como de trabajo, pues “la imprudencia temeraria...es aquella que excede de la mera imprudencia grave o con infracción de reglamentos y...para que una determinada actuación se tome como imprudencia temeraria a efectos de excluir la cobertura del riesgo de accidentes de trabajo, es necesario que se trate de una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sometiéndose el trabajador de forma inmotivada, caprichosa y consciente a un peligro cierto, tal como señaló la STS de 10-5-1988 y la sentencia de esta Sala de 1-3-2001.
De este modo, al igual que establece la STSJ del País Vasco de 22-2-00, para un supuesto de accidente con tasa de alcoholemia de 1,99 g/l “no se ha probado que esa concreta tasa fuera necesariamente expresiva de que su nivel de consciencia, equilibrio o reflejos (el del accidentado fallecido), estuviera alterado, sin que pueda presumirse, sin más, del hecho de que sobrepasara los niveles exigidos en materia de conducción de vehículos de motor” . Manifestándose en igual sentido la STSJ de Madrid de 8-6-00, en tanto no se acredita la incidencia de la ingesta de alcohol en dosis de 2,2 g/l y de cocaína pudo tener en el accidente “in itinere” que en la misma se califica como de trabajo.
La mera conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas puede ser demostrativa de una imprudencia simple, pero no necesariamente temeraria (STSJ de Comunidad Valenciana de 29-02-00 y STSJ de Castilla y León de 22-01-01), pues ello requiere de la concurrencia de elementos adicionales de asunción consciente del riesgo temerario (exceso de velocidad desconsiderado, conducción en circunstancias especialmente peligrosas, etc), que evidencien el “desprecio a la propia vida” del trabajador fallecido con ocasión del accidente, lo que, al no haberse acreditado en el caso de autos, conlleva que no pueda estimarse que el mismo aconteció con imprudencia temeraria, por lo que no concurre en el caso examinado la exclusión establecida en el artículo 115.4.b) de la LGSS.
La jurisprudencia recaída en interpretación primero del artículo 84 apartado 2.b) en relación con el apartado 3 del Texto Articulado primero de la Ley General de Seguridad Social de 21 de abril de 1966, después del artículo 84 apartado 4.b) en relación con el apartado 5, del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y actual artículo 115 apartado 4.b) en relación con el apartado 5.a), del vigente Texto Refundido de dicha Ley de 20 de junio de 1994, ha venido considerando que aun no profesional, la simple imprudencia no
impide la calificación de un accidente como de trabajo,lo que quiere decir, que sólo dejan de ser accidentes de trabajo los debidos —artículo 115.4 b)— “ a imprudencia temeraria del trabajador accidentado” , concepto, el de imprudencia temeraria, que ha sido objeto de interpretación restrictiva.
Así, se equipara imprudencia temeraria a “una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución... sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto” (STS de 19- 4-1968); “una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro..., sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría” (STS de 10-12-1968); “una imprudencia... de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro” (SSTS 20-3-1970 y 6-2-1971); “la imprudencia temeraria exige...se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva” (STS 23-10-1971); “para apreciar la imprudencia temeraria...es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente” (STS de 4-3-1974).
En aplicación de dicha jurisprudencia, y con respecto a los accidentes “in itinere” , se ha calificado como accidente de trabajo, por no estimarse la concurrencia de imprudencia temeraria, sino profesional, entre otros muchos supuestos, la imprudencia simple con infracción de reglamentos, como el sufrido al saltarse una señal de stop (STS de 10-5-1988); el adelantamiento antirreglamentario (STSJ de Andalucía de 9-1-1995); conducir sin carnet (STSJ de Andalucía de 3-6- 1992, STSJ Madrid 8-9-1992 y STSJ de Castilla-La Mancha de 11-7-1996); conducir con exceso de velocidad (STS de 30-11-1973 y STSJ de Valencia de 25-10-1994); no respetar señal de ceda el paso (STSJ Cataluña 20-5-1993), etc.
Siendo indudable que la mera conducción de vehículos automóviles por personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas es desaconsejable y que trascendentes razones de prevención general hacen necesario el evitar que ello concurra con carácter general, por lo que se califica como imprudente y sancionable administrativamente la concentración de alcohol en sangre en relación con la actividad de conducción de vehículos a motor de 0,4, no lo es menos, que no siempre que se supere dicho porcentaje, ha de calificarse la imprudencia como temeraria. La ingestión de bebidas alcohólicas por el causante que conllevó la concentración de 1,78 g/l constituye sin duda una conducta imprudente, pero no implica una imprudencia de gravedad excepcional, contra todo instinto de conservación de la vida y con clara conciencia del peligro, cual es la imprudencia temeraria a los efectos de pérdida de la condición de accidente de trabajo.
Tercero.—Respecto a la ruptura del nexo causal necesario para aplicar la presunción de laboralidad a los accidentes “in itinere” , alega la recurrente que correspondía al trabajador o a sus causahabientes, demostrar, además que las concentraciones de alcohol y de droga no influyeron en el riesgo, que el accidente se produjo en un momento cronológico dentro del recorrido normal y sin interrupciones alejadas de las necesarias, lo cual no aconteció en el caso de autos, al mediar más de una hora y media entre el momento en que el trabajador fallecido dejó en casa al hijo del administrador de la empresa, y el momento del accidente.
Frente a ello cabe decir que de los hechos que se declaran probados se deduce como el accidente sufrido por el trabajador fallecido debió ocurrir en hora no precisa anterior a las 5:05 horas, pues del atestado policial lo único que se deduce es que a esa hora se recibió en la sede de la policía una llamada telefónica, en tanto que a las 5:08 cuando se personó la dotación correspondiente en el lugar del accidente, ya estaba una unidad de transporte sanitario.
En segundo lugar, se deduce también de los hechos que se declaran probados que el trabajador abandonó el lugar de trabajo a partir de las 2:30 horas, en momento también impreciso, siendo improbable que lo fuera en momento anterior a las 3 horas del día del accidente, pues si bien el testigo que depuso en el acto de juicio (hijo del administrador de la empresa demandada) afirmó que el fallecido le dejó en su domicilio sobre las 2:40 horas, lo cierto es que en la conciliación administrativa previa, el propio administrador manifestó, como así consta en el acta levantada, que el fallecido abandonó el centro de trabajo a las 3:30 horas, en tanto que si éste mismo se encargaba del cierre del local y los comensales lo abandonaron a las 2:30 horas, no es probable que solamente diez minutos después, hubieran realizado el fallecido y el hijo del administrador, las labores de cierre del local y se llegara hasta el domicilio de éste último, por próximo que pudiera estar. De este modo el juzgador “a quo” estableció correctamente, y a falta de otros elementos más determinantes, la conclusión de que el tiempo que pudo transcurrir entre el abandono del lugar de trabajo y el momento del accidente en ningún caso pudo exceder de las dos horas y más bien sería inferior a la hora y media.
Establecido lo anterior, ninguna objeción ha sido formulada por la recurrente en cuanto a que el trayecto por el que circulaba el trabajador al tiempo de sufrir el accidente era el que correspondía a su desplazamiento desde el centro de trabajo hasta su domicilio, sin perjuicio de que debió llevar en su coche al hijo del empresario hasta su domicilio familiar, y en definitiva, con conocimiento y consentimiento del mismo, habida cuenta que el indicado administrador abandonó anticipadamente el lugar del trabajo y dadas las altas horas de la noche en las que concluía el trabajo.
Se desconoce lo que pudo ocurrir entre el momento en que el fallecido dejó a su compañero en su domicilio (hora que pudo oscilar al menos entre las 3 y las 3:30 de la madrugada) y las 5:05 horas, en la que se produce la llamada telefónica a la policía. En tal período de tiempo el fallecido pudo dirigirse a algún otro lugar como sugiere la recurrente, desviándose del trayecto hasta su domicilio y demorando el regreso al mismo, pero también pudo sufrir el accidente en momento muy anterior al de las 5:05 horas, y que el mismo no fuera conocido y puesto en conocimiento de la policía hasta dicha hora.
En tales circunstancias debe prevalecer la calificación de accidente de trabajo, pues estableciendo el artículo 115.2.a) de la LGSS que tendrán la consideración de accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, la calificación en forma distinta del padecido por el trabajador en el trayecto habitual de ida y vuelta al trabajo, precisa la prueba plena de la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y el accidente sufrido,y tal ruptura no puede estimarse acreditada con la simple presunción de que el accidente tuviera lugar después de que el trabajador realizara actividades distintas al desplazamiento a su domicilio con posterioridad a la finalización del trabajo, pues, como se ha afirmado, igual que la recurrente presume y deduce del atestado policial que el accidente tuvo lugar al producirse la llamada telefónica que en el mismo se refiere, las pruebas aportadas tampoco impiden presumir que pudo tener lugar al dejar al hijo del administrador en su domicilio, aunque sólo fuera descubierto y denunciado incluso hasta dos horas después de sucedido.
Correspondía así, a la parte demandada, ahora recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 115.2.a) de la LGSS en relación con el artículo 217 de la LEC, la carga de probar la ruptura del nexo causal entre el resultado lesivo del accidente padecido por el trabajador y el desplazamiento realizado por el mismo al volver del trabajo,y tal carga probatoria no se estima en el presente caso debidamente levantada con los datos fácticos que han sido desglosados.
Tal y como ha mantenido esta Sala, entre otras en sentencia de fecha 21-2-2001, la imprudencia, como causa de exclusión de la presunción de accidente de trabajo, ha sido interpretada muy restrictivamente por la doctrina de jueces y tribunales del orden social, ya que no incluye la denominada imprudencia profesional, que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira [artículo 115.1.a) de la LGSS], y sólo están incluidas como causa de exclusión, el dolo (que no es el caso de autos), y la imprudencia temeraria, que es aquella que excede la imprudencia grave o con infracción de reglamentos. En el caso de autos, estamos ante una “pequeña interrupción” para llevar a cabo actos necesarios del trabajador,o si se quiere ante comportamientos que no agravan el riesgo, tales como efectuar una comida ligera, hacer una compra, recoger un vehículo, parar en un bar a tomar una copa, supuestos con los quenuestros tribunales han admitido dicha presunción de laboralidad del accidente “in itinere” (STSJ de Galicia de 26-2-99, STSJ de Murcia de 11-11-92 y STSJ de Aragón de 10-5-94).
FALLO
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por “------ Seguros y Reaseguros, S.A.” , contra la sentencia de 14 de noviembre de 2002, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de ----- en los autos número 364/2002 seguidos a instancia de ------ contra “------.” , y -------, Seguros y Reaseguros, S.A.” , confirmando íntegramente la misma y condenando a la parte recurrente a la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para el recurso, a los que se dará el destino que legalmente proceda, y a la imposición de las costas procesales, incluidos los honorarios del letrado de la parte contraria que intervino en el recurso con un límite de 300 euros.

 

 

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