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En España, se produce una evolución algo más tardía en comparación con otros Estados europeos por lo que hace a la conformación de la protección social pública. Se puede datar en finales del Siglo XIX el momento en el que se produce la eclosión del proceso industrializador en algunas zonas muy localizadas del Estado (Cataluña, País Vasco). Esa primera fase de industrialización justifica la aparición de las primeras normas laborales, en especial de aquellas relativas a la protección social. Este primer momento histórico en el que se desata la primera industrialización en España, lo podemos considerar la primera fase del proceso de conformación de la Seguridad Social.
La segunda fase cabe localizarse en los principios del Siglo XX. Al fin y al cabo, la Ley de Accidentes de Trabajo data de 1900 y la Ley del Seguro por Vejez de 1909. Asimismo y en lo que constituye el hecho más relevante, en 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión que será, a partir de ese momento, la entidad gestora responsable de materializar la implicación del Estado con los Seguros Sociales. En esta segunda fase se va produciendo una acumulación y dispersión del conjunto de Seguros Sociales, a medida que los diversos sectores productivos así como nuevos riesgos (invalidez, enfermedad, desempleo,...) se iban acumulando, se producía una excesiva atomización a la vez que dispersión del esfuerzo, tanto privado como público, destinado a la previsión social.
Por último decir que a partir de 1935, dentro de la obra social de la Segunda República, se crea el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en lo que constituye el más importante de los sistemas de cobertura diseñados en esta segunda fase.
La tercera fase está dominada por la promulgación de la Ley de Bases de Seguridad Social del año 1963, así como del Texto Articulado de 1966.
Estas normas pretenden constituir un modelo de Seguridad Social que contribuyera a paliar la diversidad existente y asegurara una mayor eficiencia en la asignación de los recursos financieros, así como un menor gasto en la gestión de la prevención.
El modelo de Seguridad Social que nace a mediados de los 60 se sostiene en dos premisas sobre las que se asientan las condiciones necesarias de su viabilidad financiera, estas premisas son:

  • el pleno empleo, o al menos unos niveles aceptables de desempleo;
  • y el mantenimiento de una adecuada proporción de cotizantes y pasivos.

En efecto, el sistema financia las prestaciones que haya de satisfacer con las cotizaciones que recaude en ese mismo momento en el que deba satisfacer aquellas. Este modelo es un modelo que se basa en el reparto intergeneracional, las pensiones de hoy las pagan los activos de hoy, modelo que se opone al de capitalización, clásico de los contratos de Seguro Privado y en el que las pensiones de hoy se constituyen por las aportaciones que en su día fue haciendo el beneficiario, de ahí que al haber optado el sistema de Seguridad Social por un modelo de reparto, aquel quedaba condicionado a que se mantuvieran vigentes las condiciones necesarias para su viabilidad financiera (pleno empleo y una adecuada proporción cotizantes/pasivos).
Por último, la cuarta fase podemos ubicarla en 1978, al considerar que la Constitución de ese año y, en concreto, su artículo 41 levantó acta de la crisis a la que estaba abocado el sistema de 1960 al fallar las premisas sobre las que aquel asentaba su viabilidad. Por un lado, la crisis de los años 70 propició la aparición de bolsas de exclusión como sin duda deben considerarse los colectivos de desempleados, generalizándose una nueva categoría incidente sobre el sistema de Seguridad Social cual es el parado de larga duración. Este colectivo forzaba asimismo la necesidad de que el sistema generara recursos para atender esta contingencia, lo cual habría de llevar a la Seguridad Social a abandonar, siquiera parcialmente, el carácter exclusivamente contributivo que hasta ese momento podía imputarse, esto es, las dificultades de inserción laboral que afectaban (y aún hoy afectan) a los jóvenes fuerzan a que en ocasiones hayan de diseñarse programas de base asistencial destinados a cubrir las necesidades de colectivos que no han tenido la oportunidad de acceder al mercado de trabajo. La crisis económica, por tanto, repercute en una crisis del modelo social y obliga al constituyente a plantearse el problema de la Seguridad Social convencido plenamente de que el modelo profesional contributivo diseñado en los años 60 no puede afrontar los retos que habrán de deparar las décadas siguientes.
Artículo 41 de la Constitución: " Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."

Modelo Constitucional de Seguridad Social:
El legislador constituyente tenía ante sí el reto de configurar un diseño de la protección social pública a la altura del proclamado Estado social de derecho, así como compatible con la capacidad financiera de la Economía española, esto es, el legislador constituyente debía, por un lado, diseñar un modelo de Seguridad Social y, por otro, dejar las manos libres al legislador para que procediera a las reformas que resultaran necesarias para rescatar el modelo contributivo de su crisis estructural. Como hemos indicado, la eclosión del desempleo en los años 70 provocó una convulsión radical sobre los presupuestos no sólo financieros sino también estratégicos del modelo profesional contributivo, que contaba entre sus premisas de partida con una situación equivalente o cercana a la del pleno empleo. Las altas cuotas de desempleo que caracterizan a los años 70 así como los 80 no sólo afectaban a la fuente de ingresos de la Seguridad Social contributiva, sino que asimismo generaban bolsas de exclusión al no poder el sistema proteger la desmedida extensión de este riesgo social.
El legislador constituyente asegurará márgenes de libertad al legislador ordinario remitiendo las necesarias alusiones a la Seguridad Social al Capítulo III del Título I de la Constitución Española. En este apartado se encuentran los principios rectores de la política social y económica, cuyos enunciados sólo pueden ser invocados ante los Tribunales con apoyo en las leyes que los desarrollen. De ahí que la ubicación sistemática del artículo 41 impida considerar la existencia de un derecho  subjetivo a la Seguridad Social al que habían de imputar necesariamente un contenido esencial.
La Seguridad Social, por tanto, forma parte del compromiso socio-económico de los poderes públicos, quienes en atención a las posibilidades estructurales y coyunturales de la economía podrán diseñar o modificar un modelo dado de protección social. A salvo de estas importantes precisiones, el artículo 41 presenta cierto contenido, resultando de gran interés el poder comprobar hasta qué punto las orientaciones allí formuladas avalan o se apartan del modelo que de hecho existía en España en el año 78, que no era otro que el profesional contributivo regulado por las leyes de los años 60 y sus posteriores reformas.
El artículo 41 presenta dos enunciados separados por un punto. El primero de ellos establece: <<Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que proporcione asistencia y prestaciones suficientes en situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo>>. Estas directrices plantean coincidencias y disparidades con el modelo profesional contributivo.
La única nota compartida entre el modelo profesional contributivo y los términos en que se expresa el artículo 41 de la Constitución la encontramos en el carácter público del sistema. El artículo 41 encomienda el deber de mantener un régimen público a los poderes públicos, expresión que sólo es redundante en apariencia. La doble alusión a lo público pretende excluir a la iniciativa privada en la administración y gestión del nivel sustancial o sustantivo de protección social, que será sostenido económicamente por los poderes públicos así como administrado por el Estado. A partir de aquí aparecen las discordancias con el modelo tradicional.
En primer lugar, el modelo del artículo 41 tiene como destinatarios a todos los ciudadanos, en referencia a esta que se distancia del objetivo más específico del modelo contributivo que protege de forma directa a quienes despliegan una actividad económica por cuenta  propia o ajena en la confianza de que éstos deriven los beneficios de la protección a aquellos con los que conviven. Esta perspectiva se opone al posicionamiento universal que no confía en la familia como seudo sistema protector y que cabe entender directamente aludido por el artículo 41 de la Constitución.
Otro concepto que insiste en la asistencialidad es el de prestaciones suficientes. El modelo contributivo profesional asegura prestaciones proporcionales al esfuerzo en la cotización y no necesariamente se encarga de asegurar el que tales prestaciones estén en condiciones de atender las situaciones de necesidad. La referencia a la suficiencia se conecta con la asistencialidad al tomar como referencia la situación de necesidad y no la capacidad económica y, por tanto, el esfuerzo cotizante del beneficiario.
El tercer elemento discordante se asienta en la referencia  a las situaciones de necesidad en tanto en cuanto éste no es necesariamente el fundamento para el despliegue de la protección dentro del nivel contributivo. Éste asegura prestaciones ante la manifestación de determinados hechos causantes y en función del cumplimiento de  los requisitos genéricos para el acceso a sus beneficios (cotización). No repara en las coordenadas socio-económicas del posible beneficiario, preocupándole exclusivamente si éste ha cumplido con sus obligaciones y ha sufrido la contingencia protegida (jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad,...). En el nivel asistencial la situación de necesidad actúa como centro de gravedad, aquélla viene definida en función de las coordenadas socio-económicas  del sujeto (renta disponible, cargas familiares, patrimonio,...) y se ve desconectada del cumplimiento de deberes previos (cotización).
La última de las notas discordantes que cabe localizar en el artículo 41 con relación al modelo anterior es la alusión específica al desempleo como riesgo social, frente a lo que el modelo histórico no había sabido responder con suficiencia.

La evolución de la Seguridad Social tras la Constitución del 78:
El Estado Social preconizado desde el artículo primero de la Constitución del 78 sostiene un compromiso con el ciudadano destinado a compensar las consecuencias que entraña el reconocimiento de la Economía de Mercado. El Estado Social asume lo que se viene en llamar una procura existencial del ciudadano, que normalmente se plasma en todo un conjunto de prestaciones y ayudas cuyo objetivo no es otro que el de evitar la exclusión de aquellos individuos a los que no alcance el desarrollo capitalista.
El Estado del bienestar se sostiene en los fundamentos de la teoría económica formulada por el economista inglés Keynes. Según éste, las fases de recesión podían compensarse mediante el diseño de programas públicos intervencionistas destinados tanto a crear empleo público como a subvencionar a los colectivos excluidos. La transferencia de rentas a las capas más desfavorecidas asegura la participación de esos sectores en el consumo, lo que en definitiva habrá de propiciar cierto crecimiento económico. Ahora bien, los programas de intervención en la Economía comenzaron a someterse a cierta discusión en los años 70, alcanzando la crítica una importante dimensión en los años 80 debido a la puesta en práctica de políticas de contención del déficit tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Las crisis económicas sufridas por Gran Bretaña a lo largo de los 70, agravadas por los escenarios de conflicto casi continuos fruto de una actividad sindical poco proclive a colaborar con el poder político, trajo como respuesta políticas de austeridad conocidas como políticas monetaristas basadas en el liberalismo clásico y que en su formulación más reciente podían atribuirse al profesor Milton Friedman.
Los planteamientos de origen keynesiano admitieron una manifestación jurídica en lo que se vino a llamar el Estado Social. Esta figura surgió con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, tuvo su primera aplicación en las economías escandinavas y se generalizó en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. El Estado Social era un Estado intervencionista que no descartaba acometer una importante iniciativa en la actividad económica, lo que llevó a muchos Estados a constituir empresas públicas con el objetivo de generar beneficio capitalista, así como crear puestos de trabajo públicos. A veces también estos grupos de empresas públicas solían tener como objetivo la satisfacción de bienes de consumo así como bienes de equipo que evitaran importaciones para, de esa forma, aliviar su balanza de pagos. Este, por ejemplo, era el caso de España.
El Estado Social, además de intervenir de forma activa en la oferta de bienes y servicios, también era Estado providencia caracterizándose, por tanto, como un organismo encargado de transferir rentas a los colectivos menos favorecidos asumiendo, por tanto, un compromiso directo con la redistribución de la riqueza. Tanto la intervención en la Economía como la transferencia de rentas fueron considerados los responsables del déficit crónico que afectó a las economías occidentales en los últimos años del Siglo XX.
Los programas inflacionistas propios del keynesianismo no traían crecimiento, lo que desembocó en programas económicos que, por una parte, pretendían limitar la participación del Estado en la oferta de bienes y servicios (privatización de empresas) y, por otro, la reducción de los programas de bienestar y señaladamente la intervención sobre las prestaciones por desempleo, ello en el afán de intentar asegurar reactivaciones económicas espontáneas, haciendo repercutir de una forma más intensa sobre los trabajadores cualquier ciclo regresivo. Estas teorías se agrupan bajo el nombre de Neoliberales.
El modelo de Seguridad Social regulado en la Constitución del 78 se alinea de forma más coherente con el paradigma del Estado providencia, no en vano insiste en la asistencialidad, la suficiencia de las pensiones o en el desempleo como foco específico de riesgo social. Eso sí, la apertura a una posible participación de la iniciativa privada en el nivel complementario de protección social puede considerarse coherente y ajustado al modelo económico Neoliberal, toda vez que insiste en la privatización de una actividad tradicionalmente pública y, asimismo, introduce en la estructura económica un operador favorable como sin duda lo es el Fondo de Pensiones, capaz de dotar el mercado de capitales de préstamos a largo plazo.

 

        
                   Los tres modelos actuales de Seguridad Social:
                   En la experiencia comparada, podemos localizar tres modelos de Seguridad Social:

  • Modelo Anglosajón (Gran Bretaña y Estados Unidos): Es un modelo de naturaleza contributiva pero que mantiene unos niveles prestacionales relativamente bajos, sensiblemente inferiores a los que garantizan los otros dos modelos. Es propio de sociedades tradicionalmente desconfiadas en relación con la acción del Estado. Se trata de sociedades de tradición liberal, poco proclives a la intervención del Estado y que prefieren gestionar sus prestaciones a través de mecanismos de previsión privados. En estos Estados existe una red asistencial destinada a los colectivos excluidos aunque, sobre todo, esto se dé en Gran Bretaña como resto de su modelo de Seguridad Social asistencial de mediados del Siglo XX (modelo Beveridge). El nivel de asistencialidad en Estados Unidos es mucho más reducido.
  • Modelo Social-Demócrata (modelo escandinavo): Este modelo es propio de países escandinavos y se caracteriza por asignar prestaciones importantes en situaciones de necesidad, si bien la necesidad está determinada por la obtención de un nivel digno de rentas. Es el modelo de Seguridad Social más ambicioso, el que asegura mayor protección y, por lo tanto, el más caro. Se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, a base de impuestos.
  • Modelo Continental Profesional: Propio de la mayoría de las economías occidentales (Alemania, Italia, Francia, España,...). Son modelos normalmente contributivos, aunque perfilen algunas aperturas muy relativas a la asistencialidad. Se han basado en una financiación obtenida a base de cotizaciones y han sufrido crisis estructurales a consecuencia de las tasas de desempleo. Protegen la pérdida de rentas derivada de contingencias definitivas o temporales y que afecten al trabajo. Por tanto, reclaman a la familia como red de protección, siendo el cabeza de familia quien asignará recursos a los miembros de aquélla. Esto supone una diferencia importante con relación al modelo Social-Demócrata, que define como objetivo de su protección a la situación de necesidad no debiendo derivar ésta necesariamente de la pérdida del trabajo.

El modelo de Seguridad Social español. Reparto competencial:
La Seguridad Social, tal y como establece el artículo 41, resulta una materia netamente pública y, por tanto, resulta de interés conocer cuál es el reparto competencial que se hace a propósito de semejante cuestión entre los diversos poderes del Estado.
El artículo 148 de la Constitución se refiere a las materias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y, en ese artículo, se hace alusión a la asistencia social y a la sanidad. Mientras que la sanidad no ha generado mayores debates competenciales, la asistencia social plantea ciertas interferencias con la Seguridad Social a que se refiere el artículo 149.1.17 de la Constitución, responsable de encomendar a los poderes centrales del Estado la responsabilidad competencial en materia de legislación y régimen económico. La diferencia entre los programas de Seguridad Social  y los programas de asistencia social radica, a juicio del Tribunal Constitucional, en el carácter permanente de los de Seguridad Social, así como en la provisionalidad propia de los de asistencia social.

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