Obligaciones del contratista

La organización de la actividad preventiva en el sector de la construcción responderá: designación de trabajadores, constitución de un servicio de prevención propio (obligatorio en caso de superar los 250 trabajadores), concierto con servicio de prevención.

Antes de comenzar la actividad, el contratista exigirá a las empresas subcontratadas que le acrediten por escrito que han realizado la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva que devera constar del plan de seguridad y salud adecuado en función de los riesgos y que han cumplido con la formación e iformación a los trabajadores que realizarán los servicios.

Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo donde se analizarán, estudiarán las previsiones contenidas en el estudio básico en función de la jecución de la obra. Deberán incluirse medidas alternatovas de prevención, su presupuesto y que en ningun caso supondrá una merma en los niveles de protección.

No debe bastar con la elaboración de un plan. Para evitar un cumplimiento meramente formalista de las obligaciones en matéria preventiva, se dictó la Ley 54/2003, matizando que determinadas obligaciones documentales deben responder a su verdadera finalidad, de carácter preventivo, ajustándose en este caso a la realidad de los riesgos que están presentes. De acuerdo con el artículo 7 RD 1627/1997, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estúdio o estúdio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención (incluída su valoración económica) que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estúdio o estúdio básico. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Regiamente de los Servidos de Prevención.

De acuerdo con lo indicado en el último párrafo dei apartado anterior, se deberán incluir las medidas señaladas en el artículo 20 de la Ley 31/1995. Asi, se deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxílios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello ai personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periodicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer dei material adecuado. Se organizarán las relaciones necesarias con servidos externos (ambulancias, bomberos, etc).

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre aprobado por el Coordinador durante la ejecución. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en matéria de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.

La investigación de los accidentes de trabajo debe tener un marcado carácter preventivo, en orden a evitar su repetición. El empresário está obligado a realizar esta investigación, conforme ai artículo 16.3 de la Ley 31/95. En la misma se harán constar las causas dei accidente y la propuesta de medidas preventivas. De resultas de estas últimas, será necesario revisar la evaluación de riesgos laborales (art. 6.1 39/1997).

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los diferentes sujetos intervinientes (art. 7.4 RD 1627/1997), y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El empresário principal (contratista en este sector) tiene un deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención por parte de subcontratistas y trabajadores autónomos. El articulo 10.3 RD 171/2004 establece la obligación dei contratista de comprobar la existencia de los necesarios medios de coordinación ente empresas concurrentes.

Se deberá informar a los representantes legales, entre otros aspectos senalados en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

Es obligación tanto de contratistas como subcontratistas cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 b) RD 1627/1997.

Obligación impuesta en virtud del artículo 11.1 d) RD 1627/1997. Por otra parte, los contratistas serán responsables de la ejecución correcta de Ias medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados (art. 11.2 RD 1627/1997).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis LPRL, introducido por la Ley 54/2003, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo dei proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (será precisa cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales definidos como tales enel RD 1627/1997). Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. Respecto de las obras de construcción deberá tenerse presente la disposición adicional 14a de Ia Ley 31/1995. De acuerdo con esta última, la presencia se aplicará a cada contratista, entendiendo por tal el definido en el artículo 2.1 h) RD 1627/1997: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con médios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra, puesto que este último y los recursos preventivos deben considerarse figuras no excluyentes.

Desde la entrada en vigor de la Ley 54/2003, que modifico la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se considera infracción de carácter muy grave la suscripción de pactos cuya finalidad es evitar la responsabilidad solidaria del que contrata obras o servidos de su propia actividad. Los mencionados pactos constituyeron una práctica frecuente que eximia de la citada responsabilidad a los sujetos que contrataban, haciendo derivar la responsabilidad en exclusiva a los últimos sujetos de la cadena de contratación.

De acuerdo con la disposición adicional primera dei RD 171/2004, los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en el Real Decreto 1627/1997. Así, estos médios de coordinación pueden consistir en reuniones periódicas cuya celebración y asistencia deben acreditarse, intercambio de informaciones e instrucciones, visitas conjuntas a la obra, etc. En todo caso, la figura del coordinador de actividades contemplada en el RD 171/2004, no será necesaria en el sector de la construcción, debido a la presencia del coordinador referido en el RD 1627/1997.

Se comunica a la Autoridad Laboral competente dentro de los 30 dias siguientes desde el inicio de las actividades, por lo que parece lógico considerar que si la duración de los trabajos es inferior a 30 dias esta comunicación no será exigible.