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La prescripción

Del contrato de trabajo nacen una serie de derechos para las dos partes de la relación jurídica por él creada: empresario y trabajador. El ejercicio de estos derechos requiere una serie de condicionantes para que puedan hacerse efectivos, y uno de ellos y principal es el tiempo. Es decir, para que los derechos que reconoce a los sujetos del contrato de trabajo la legislación laboral sean eficaces y produzcan todos los efectos previstos por el ordenamiento, es necesario que se ejerciten dentro del plazo señalado a los mismos.
La prescripción y la caducidad son dos instituciones jurídicas que juegan con relación al tiempo.
La prescripción constituye una forma de adquisición o pérdida de derechos no ejercitados, por el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.
En el Derecho del Trabajo la prescripción es siempre extintiva y la podemos definir como aquella que implica la pérdida de derechos, por no ejercitarse por el titular de los mismos durante el tiempo señalado por la ley.
Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial, prescribirán al año de su terminación. A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

  • El día que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.
  • El día que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

Se da una prescripción ordinaria y unas prescripciones especiales, en función del tiempo señalado por la ley, para que la prescripción surta sus efectos. La prescripción ordinaria, aplicable con carácter general a los derechos y acciones laborales, es de un año.
Prescripciones especiales son aquellas a las que la ley señala plazos distintos a un año. Son:
Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los 3 años, salvo en materia de Seguridad Social. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido.
La prescripción de la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario, en los supuestos de sucesión de empresas por obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión, a que se refiere el art. 44 del ETT, que es de 3 años.
La prescripción de obligaciones en materia de Seguridad Social, que normalmente es de 5 años, si bien, en este caso, no se trata de acciones estrictamente derivadas del contrato de trabajo.
Las infracciones empresariales a la normativa en materia de prevención de riesgos del trabajo: las faltas tipificadas como leves, prescriben  al año, las graves a los 3 años, y las muy graves a los 5 años, contados desde la fecha de la infracción.
El momento a partir del cual comienza a correr el plazo de la prescripción laboral es, con carácter general, aquel en que tenga lugar la terminación del contrato.
Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no pueden tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.
El plazo de prescripción, es susceptible de interrupción, abriéndose otro nuevo plazo de la misma duración. La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
La prescripción se configura como una excepción que ha de ser alegada por la parte a quien favorece.

LA PRESCRIPCION EN EL AMBITO DISCIPLINARIO

Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los 3 años, salvo en materia de Seguridad Social.
Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido.
Calificada la falta, el plazo de prescripción que cancela la facultad sancionadora del empresario se diversifica de menor a mayor, según se trate de faltas leves, graves o muy graves: 10 días para las leves, 20 días para las graves y 60 para las muy graves.
En todo caso, la facultad sancionadora del empresario decae, por el transcurso de 6 meses, desde que la falta laboral, sin distinción de gravedad, haya tenido lugar.

CADUCIDAD DE LA ACCION POR DESPIDO

También en ella el derecho nacido del contrato de trabajo, que no se ejercita en el tiempo señalado al efecto, decae o caduca, quedando extinguida la acción para reclamar su cumplimiento de la persona obligada.
El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los 20 días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad quedará suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
La diferencia entre caducidad y prescripción radica fundamentalmente en que la prescripción es susceptible de interrupción, y una vez interrumpida, no cuenta el tiempo pasado y comienza, a partir de ella, a contar un muevo plazo íntegro de prescripción. Sin embargo, la caducidad no admite interrupción del plazo señalado, sino solamente suspensión del mismo, cuyo cómputo se reanuda después del motivo de suspensión, contabilizándose los días transcurridos antes de ésta.
También es de caducidad y no de prescripción el ejercicio de acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, para el que se concede un plazo de 20 días hábiles, que se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas.
La caducidad se aprecia de oficio por jueces y tribunales, aunque la extinción del derecho por el transcurso del tiempo no la hubiesen alegado los litigantes, en tanto que la prescripción ha de ser alegada como excepción por la parte a quien interese.
     Como regla general, la caducidad de acciones y derechos no admite, no ya interrupción, sino ni siquiera suspensión del plazo que marque la ley. La suspensión de este plazo es excepcional, y sólo por los motivos expresamente determinados.

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