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Conciliación previa

El acto inicial del proceso es realmente la demanda que lo pone en marcha. Pero existen determinados supuestos en los cuales la demanda no produce sus efectos si no se han realizado, con anterioridad a ella, determinadas actuaciones previas, que vienen impuestas a las partes y al Juez o Tribunal, de forma que éstos no pueden iniciar el procedimiento ni celebrar el juicio sin incurrir en alguno de los motivos que permiten recurrir.
Conciliación previa: Con la finalidad de reducir el número de procesos, es ya tradicional en la jurisdicción laboral española la exigencia de un intento de conciliación entre las partes antes de que una de ellas proceda a interponer su demanda. La conciliación obligatoria previa se regula actualmente por los arts. 63 a 68 de la LPL y por los arts. 4 a 11 del RD 1979 por el que el IMAC asumió parte de las funciones que tiene encomendadas. Extinguido el IMAC toda referencia a él debe entenderse hecha a la Dirección General de Trabajo, y en la misma a la Subdirección General de Mediación, Arbitraje y Conciliación, así como a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o entes autonómicos con la correspondiente competencia transferida, puesto que son estos órganos los que han asumido las competencias de aquél.
El art. 63 LPL configura como requisito previo para tramitar cualquier proceso ante el órgano judicial laboral el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente antes aludido o ante el órgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o convenios colectivos previstos en el art. 83 LET. Se exceptúan de este requisito los procesos que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los iniciados de oficio, los de impugnación de Convenios Colectivos, Estatutos de los sindicatos y tutela de la libertad sindical, entre otros, y, en general, los que exijan reclamación previa en vía administrativa.
El Juez debe admitir provisionalmente toda demanda aunque no se acompañe certificación del acto de conciliación previa, pero advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, bajo apercibimiento de que de no hacerse así se archivará la demanda sin más trámite.
El acto de conciliación se ajusta a las siguientes reglas:
1.   Organo conciliador: El acto de conciliación se efectuará ante el Director, Presidente del Tribunal Arbitral, Secretario u otro funcionario del Servicio administrativo correspondiente siempre que reúnan la condición de Licenciados en Derecho, en el lugar de la prestación de los servicios o del domicilio de los interesados, a elección del solicitante.
2.   Capacidad y representación de las partes: La capacidad es la misma que se exige a los litigantes en el proceso laboral. Para recibir citaciones se presume autorizado el que presente la papeleta, aunque no fuese el interesado. En cuanto a la comparecencia en el acto de conciliación, los interesados pueden efectuarla por sí mismos o por medio de representantes. La representación puede otorgarse mediante poder notarial, mediante comparecencia ante Secretario Judicial e, incluso, ante las oficinas del Servicio administrativo correspondiente. También podrá admitirse la representación mediante aportación de escrito del interesado designando específicamente al que comparece como representante, facultándole para obligarse en dicho acto, o por simple comparecencia y manifestación del representante siempre que en estos supuestos sea reconocido como tal por la otra parte y se considere suficiente a juicio del conciliador, quien advertirá al representante de las responsabilidades en que pueda incurrir caso de no existir tal representación e incumplirse las obligaciones contraídas por tal motivo.
3.   Requisitos de la papeleta de conciliación: La conciliación se promueve mediante la denominada “papeleta de conciliación”, en la que deben constar los siguientes datos:
a)   Los personales del que la presente y de los demás interesados y sus respectivos domicilios.
b)   Lugar y clase de trabajo, categoría profesional u oficio, antigüedad, salario y demás remuneraciones con especial referencia a la que, en su caso, sea objeto de reclamación.
c)   Enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su pretensión y cuantía económica, si fuere de esta naturaleza.
d)   Si se trata de reclamación por despido, se hará constar la fecha de éste y los motivos alegados por la empresa.
e)   Fecha y firma.
     El solicitante debe aportar tantas copias como partes interesadas y dos más. El Servicio administrativo correspondiente, al recibir la papeleta, que se registrará en los libros que se lleven al efecto, la examinará para determinar si reúne o no los requisitos exigidos, solicitando las aclaraciones en su caso necesarias, para que las citaciones de los interesados sean hechas correctamente, devolviendo al compareciente una de las copias debidamente sellada y fechada. Con la papeleta presentada se iniciará el oportuno expediente, al que se incorporarán las diligencias de citación y todas las actuaciones posteriores.
4.   Citación de las partes: La citación del compareciente se efectuará al devolverle la copia de su papeleta, haciéndole saber el lugar, día y hora de la celebración de la conciliación, deberá efectuarse dentro de los plazos legales, firmando a tal efecto la correspondiente diligencia. Si el compareciente fuese persona distinta del solicitante y rechazase la citación, se practicará como la de los otros interesados, es decir, por correo certificado con acuse de recibo, oficio, telegrama o cualquier otro medio del que quede la debida constancia. A todos ellos se les debe dar traslado de las copias aportadas por los comparecientes, con la indicación del lugar, día y hora en que ha de celebrarse el acto.
5.   Obligación de comparecencia: La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para ambos litigantes y cuando, debidamente citadas las partes, no comparece ni alega justa causa el solicitante, se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado. Cuando por el contrario, el solicitante que no comparece alega justa causa, se hará nuevo señalamiento, si existieran términos hábiles para ello. Si quien no comparece es la otra parte, la conciliación se tendrá por intentada sin efecto y el Juez o Tribunal deberá apreciar temeridad o mala fe si la incomparecencia fuera injustificada, imponiendo la multa señalada en el art. 97 LPL, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación.
6.   Desarrollo del acto de conciliación: Aparece descrito el acto de conciliación en el art. 10 del RD 2756/1979.
Las consecuencias jurídicas del intento de conciliación son dos:

  1. Que la pretensión de la solicitud de conciliación suspende los plazos de caducidad, reanudándose al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos 15 días desde su presentación sin que se haya celebrado, e interrumpe los de prescripción.
  2. Que lo acordado en conciliación ante el Servicio administrativo correspondiente tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.

En cuanto a las consecuencias de la omisión de dicho intento, tal omisión determina la procedencia del recurso de suplicación.
El acuerdo de conciliación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto objeto de conciliación, mediante el ejercicio de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
Reclamación previa a la vía judicial: Para poder demandar al Estado, CCAA, Entidades Locales u Organismos Autónomos dependientes de los mismos se exige haber reclamado previamente en vía administrativa en la forma establecida en las leyes con objeto de permitir a la Administración la solución del conflicto en dicha vía interna previa antes de llegar a un planteamiento jurisdiccional del mismo.
Denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, el interesado podrá formalizar la demanda ante el Juzgado o Sala competente en el plazo de dos meses, salvo en las acciones derivadas de despido en las que el plazo será de 20 días.
Quedan exceptuados de este requisito previo los procesos relativos a disfrute de vacaciones y materia electoral, los iniciados de oficio, los de conflicto colectivo, impugnación de Convenios Colectivos, Estatutos de los Sindicatos y tutela de la libertad sindical y las reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo del art. 33 LET.
Por las mismas razones para formular demanda en materia de Seguridad Social ha de interponerse reclamación previa ante la Entidad Gestora o la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por un elemental principio de congruencia en el proceso no pueden introducir las partes variaciones sustanciales respecto de lo que han deducido en la reclamación previa.
La reclamación previa interrumpe los plazos de prescripción y suspende los de caducidad, reanudándose estos últimos al día siguiente al de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.

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