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Recurso de casación

El recurso de casación laboral no está configurado como una segunda instancia, sino como un recurso extraordinario, al igual que sucede en la casación civil de la que realmente constituye una adaptación al ámbito laboral. La casación laboral ha de apoyarse, pues, en motivos concretos y determinados por la ley y puede plantearse contra decisiones también concretas y determinadas.
La regulación actualmente vigente del recurso de casación le permite revisar tanto material como formalmente las sentencias objeto de recurso. En efecto, en unos casos la casación tiende a controlar la aplicación que del derecho material ha hecho el Tribunal de instancia y, en otros, el control puede incidir sobre la observancia o no de las normas procesales por el Tribunal a quo.
El recurso de casación laboral cuenta con normas de procedimiento rigurosas y se formaliza ante y se decide por una de las Salas de Justicia del órgano jurisdiccional supremo, el Tribunal Supremo: la Sala IV o Sala de lo Social.
De conformidad con el carácter extraordinario del recurso de casación, éste sólo puede interponerse contra:

  • Sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional.
  • Autos que decidan el recurso de súplica interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten dichas Salas, cuando resuelvan puntos substanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
  • Autos que resuelvan el recurso de súplica interpuesto contra la resolución en que la Sala, acto seguido a la presentación de la demanda, se declare incompetente por razón de la materia.

Las resoluciones a las que se acaba de hacer referencia sólo pueden ser impugnadas por alguno de los motivos especificados en la LPL, que son de dos tipos: motivos referentes al fondo del asunto y motivos sobre la tramitación procesal del mismo.
El recurso de casación, por tanto, habrá de fundarse necesariamente en alguno de los siguientes motivos:

  • Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.
  • Incompetencia o inadecuación del procedimiento.
  • Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.
  • Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
  • Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Las fases por las que atraviesa el recurso de casación son las siguientes:
Preparación del recurso: Basta para considerarlo preparado con la mera declaración del propósito de entablar recurso dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, bien mediante mera manifestación al recibir la notificación, bien mediante comparecencia o por escrito ante la Sala que dictó la resolución. Tal declaración puede ser realizada bien por la propia parte directamente, bien mediante Abogado o representante.
Depósito y consignaciones: En todo recurso de casación el recurrente habrá de consignar un depósito de 50.000 Ptas. Además, al igual que en el recurso de suplicación, si la sentencia impugnada es condenatoria de cantidad el recurrente habrá de consignar o asegurar mediante aval bancario la cantidad objeto de condena. Quedan también exentos de depósito y consignaciones el Estado, CCAA, Entidades Locales, Organismos Autónomos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Emplazamiento de las partes: Si la Sala a quo considera cumplidos los requisitos para recurrir, emplazará a las partes para que comparezcan personalmente o por medio de Abogado o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de 15 días hábiles, teniéndose entonces por parte a todos los efectos.
Al trámite de emplazamiento sucede inmediatamente dentro de los 5 días siguientes, el de remisión de autos.
Formalización del recurso: La formalización del recurso corresponde al Abogado del recurrente, quien habrá dispuesto de los autos previamente remitidos por la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha Sala podrá, mediante auto motivado, declarar la inadmisión del recurso por incumplimiento de requisitos para recurrir, falta de contenido casacional de la pretensión o haberse ya desestimado en el fondo otros recursos substancialmente iguales.
De admitirse parcialmente o totalmente el recurso, se entregarán los autos a la parte recurrida y personada para que formalice escrito de impugnación y también al Ministerio Fiscal para que informe sobre el recurso, si no hubiera sido parte en el pleito.
Vista y sentencia: La Sala, que señalará la celebración de la vista sólo si lo estima necesario, votará y dictará la sentencia. Si se estimare el recurso, la Sala anulará la sentencia recurrida de estimarse falta de jurisdicción, incompetencia o inadecuación del procedimiento, mandará reponer las actuaciones al momento en que se hubiera producido la infracción procesal o resolverá lo que corresponda en caso de error en la apreciación de la prueba o infracción de norma o jurisprudencia.
A su vez el recurrente recuperará el depósito y las consignaciones, éstas total o parcialmente, según que la revocación haya sido a su vez total o parcial. Si el recurso fuese desestimado el fallo dispondrá la pérdida de depósito y consignaciones.

RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA

La razón de ser del actual recurso de casación para la unificación de doctrina se encuentra en la pluralidad de Tribunales Superiores de Justicia cuyas respectivas Salas de lo Social, al conocer de las resoluciones que dicten los Juzgados de lo Social a través del recurso de suplicación, pueden dar lugar a sentencias contradictorias que no serían recurribles a través de la casación ordinaria.
El recurso tiene como objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por Salas de lo Social de los Tribunales de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones substancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos, con lo que además de permitir corregir la contradicción doctrinal entre diferentes Salas de lo Social de TSJ, permite garantizar la supremacía jurisdiccional del Tribunal Supremo cuando la sentencia dictada en suplicación contradice la doctrina del propio Tribunal Supremo.
El recurso podrá ser preparado, mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del TSJ que dictó la sentencia de suplicación, por cualquiera de las partes o el Ministerio Fiscal.
La parte que hubiera preparado el recurso presentará a continuación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el escrito de interposición del recurso que deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias y con fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, así como del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.
Admitido el recurso se dará traslado del escrito de interposición a la otra parte o partes personadas para que formalicen su impugnación, así como al Ministerio Fiscal si no fuere recurrente.
Si el Tribunal Supremo estima que la sentencia recurrida quebranta la unidad de doctrina casará y anulará la sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada.
Queda afectada la situación jurídica particular creada por el fallo recurrido, pero no alcanza el pronunciamiento a las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada.

OTROS RECURSOS

Recurso de revisión: Este recurso permite en determinados supuestos revisar las sentencias que ya han ganado firmeza y que son en principio inamovibles.
Se interpone ante la Sala IV del Tribunal Supremo que habrá de resolverlo contra cualquier sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional social.
Los motivos por los que se puede interponer se encuentran rigurosamente tasados:
Recuperación de documentos retenidos por fuerza mayor o por la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia.
Sentencia dictada en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos o de declaración de testigos condenados por delito de falso testimonio.
Sentencia ganada en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.
El plazo de interposición es de 3 meses contados a partir del momento del descubrimiento o constancia del motivo y siempre dentro de los 5 años siguientes a la sentencia cuya revisión se pida.
Contra la sentencia que recaiga en el recurso de revisión no se dará recurso alguno. Si se ha accedido a la revisión de la sentencia, ésta queda anulada; se mandará expedir certificación del fallo y se devolverán los autos al órgano judicial de que procedan para que las partes hagan uso de su derecho de un posible nuevo juicio en el que las declaraciones que se hubiesen hecho en el recurso de revisión no podrán ser ya discutidas.
Recurso de queja: La preparación de los recursos de suplicación y casación se realiza ante el órgano judicial que ha dictado la sentencia que se recurre y si no se cumplieran los requisitos exigidos por la Ley o se hubiera incurrido en defectos u omisiones que no se subsanen posteriormente, el Juzgado o la Sala de lo Social, según que el recurso sea de suplicación o de casación, dictarán auto declarando tener por no preparado el recurso o poniendo fin al trámite del mismo, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dichos autos se puede interponer ante el Tribunal Superior recurso de queja, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la LEC.

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